A dos semanas del inicio de las sesiones ordinarias en el Congreso, todavía no hay certeza sobre lo que será la agenda legislativa prioritaria.
Si bien el ministro del Interior, Daniel Palacios, realizó con las distintas bancadas y directivas partidistas reuniones con ese objetivo, no existe todavía una hoja de ruta concreta al respecto. Incluso a hoy no se sabe si se citará a sesiones presenciales, semipresenciales o completamente virtuales.
Es claro que en apenas dos meses y medio de trabajo parlamentario es poco lo que se podrá adelantar. Incluso desde ya se escuchan voces en el Congreso pidiendo al Gobierno que priorice la amplia agenda que quiere presentar. A ello se suma que los partidos han ido anunciando en los primeros dos meses de este año un alud de iniciativas…
La Casa de Nariño viene con un paquete de iniciativas bastante denso. Por lo menos así se desprende de lo que dijo a mediados de enero el presidente Duque al posesionar al ministro Palacios, acto en el cual delineó las que serían las prioridades legislativas para este segundo tramo de la tercera legislatura.
Puso en primer lugar, las normas anticorrupción que se vienen concertando con la Procuraduría, la Contraloría, la Fiscalía y las altas Cortes. “… Saquemos adelante el proyecto que ha sido trabajado dentro del Gobierno para que endurezcamos las sanciones a la corrupción y tengamos mayor eficacia operacional, administrativa y sancionatoria, para aquellas empresas que se prestan al jugueteo de quienes pecan por la paga y por supuesto ellas, cuando pagan por pecar”, dijo.
El tema se refiere directamente a avanzar en levantar el velo corporativo e imponer sanciones ejemplarizantes “como la que proscribe cualquier posibilidad de contratación con la administración pública si desde el ámbito corporativo se han propiciado actos de corrupción”.
Otra de las prioridades es la referente a la reglamentación del acto legislativo aprobado el año pasado que abre paso a la prisión perpetua para asesinos y violadores de menores. Ya el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, sostuvo al respecto que una vez el Congreso inicie labores presentará el proyecto.
Como se sabe, la cadena perpetua fue aprobada por el Congreso en junio de 2020 y el acto legislativo estableció un plazo de un año para presentar la ley que reglamenta dicha reforma constitucional.
Otra de las iniciativas que el Ejecutivo llevará se refiere a un proyecto de ley que fortalece la acción comunal, dándole más fuerza y capacidad contractual con el Estado.
Para la Casa de Nariño también es clave lo relacionado con la reglamentación del trabajo en casa y el teletrabajo, ya que estas modalidades de empleo se han convertido en permanentes pese a que la pandemia del covid-19 ha disminuido en intensidad y muchas empresas retornaron a labores presenciales.
Duque también puso en la lista de prioridades el avanzar la legislación contra los delitos ambientales, agravando penas, prohibiendo la excarcelación automática y otros beneficios a quienes sean condenados. Ya hay un proyecto de ley en curso para castigar más duramente la extracción ilegal de minerales.
El Ejecutivo también anunció que por intermedio de la cartera del ramo se buscará llevar al Congreso este año una reforma de la Ley Estatutaria de Justicia. El borrador de la iniciativa debe concertarse previamente con las altas Cortes y las bancadas.
También se ha hablado desde el alto gobierno de la posibilidad de presentar proyectos de reforma a la salud y el régimen laboral este año, pero lo cierto es que, por el momento, no irían en este primer tramo de la legislatura, e incluso para la segunda se ve muy complicado adelantar su trámite pues ya el Congreso estará en plena campaña electoral para los comicios de marzo de 2022 e igual estará arrancando en firme la contienda presidencial.
¿Prioridad 1A?
Más allá de todo lo anterior, dada la difícil coyuntura presupuestal por el gasto billonario en la atención de la pandemia (que aumentó el déficit fiscal por encima del 8% al cierre de 2020), todo el foco está puesto en cuándo llevará el Gobierno al Congreso el anunciado proyecto de reforma tributaria.
“… Estaremos analizando el informe de los expertos que tienen el mandato de hacer un examen riguroso sobre las exenciones en nuestro país, mirar dónde podemos ser más eficientes en el recaudo y donde podemos generar ahorros más fuertes y estructurales, pero siempre, siempre, orientado a que cualquier carácter de reforma fiscal, vaya fortalecido por una profundización de las herramientas de protección social a los más vulnerables”, dijo Duque en enero pasado al anunciar las prioridades legislativas.
El titular de Hacienda, Alberto Carrasquilla, ha sido claro en que el informe de la Misión de Expertos (compuesta por cinco especialistas internacionales y cinco nacionales, estos últimos ministros y viceministros), será un insumo clave para la confección del proyecto de ajuste impositivo. La Misión debía presentar a finales del mes pasado un informe preliminar, pero tiene plazo para el reporte completo hasta mayo.
Tanto los gremios como las bancadas parlamentarias han advertido que la Casa de Nariño debe tener cuidado de que el apretón de impuestos no frene el proceso de reactivación económica pospandemia ni ahogue más a las empresas que apenas si se recuperan del impacto recesivo de la crisis sanitaria.
En curso
Hay una gran cantidad de proyectos de ley y acto legislativo en trámite. Por ejemplo, debe definirse si en Colombia se creará la figura de la “renta básica mensual”. Hay dos proyectos al respecto y el Gobierno tendrá que entrar a terciar en este delicado asunto de apoyo a los sectores poblacionales más vulnerables.
De igual manera, aún quedan pendientes algunos temas relacionados con la ampliación de las medidas de excepción para seguir atendiendo a los sectores afectados por la pandemia.
También viene en curso el proyecto de ratificación del Acuerdo de Escazú, que establece un nuevo marco de acceso a la información sobre temas ambientales. Como ya se dijo, está en trámite la iniciativa que aumenta las penas para la minería criminal.
También es seguro que al Congreso volverá el pulso de proyectos para prohibir, de un lado, o reglamentar, del otro, el fracking. Igual se anuncian iniciativas para imponer cadena perpetua a los condenados por feminicidio.
Y a todo lo anterior debe sumarse que hay una gran cantidad de debates de control político que se han anunciado en las últimas semanas por temas como el plan de contingencia contra la pandemia y los contratos de compra de vacunas; la venta del 51,4% de ISA a Ecopetrol; los asesinatos de líderes sociales y desmovilizados; la crisis de orden público en Buenaventura; el ritmo de implementación del acuerdo de paz con las Farc; las polémicas sobre la Jurisdicción Especial de Paz; el alud de revocatorias al mandato de no menos de una treintena de alcaldes… Y hay muchos otros temas más, por lo que, incluso, desde enero pasado se había pedido al Gobierno citar a sesiones extraordinarias al Congreso.
Esas sesiones no se citaron y ahora, como se ve, el Parlamento arrancará el próximo 16 de marzo con una agenda sobrecargada y contra el reloj. Serán apenas dos meses y medio y, como si fuera poco, ya se siente el trasfondo electoral en el Congreso.