Acelerar informe de misión de expertos tributarios
Es urgente esquivar la ruta facilista en impuestos
La cuenta regresiva para el reinicio de las sesiones ordinarias del Congreso se agota rápidamente. El próximo 16 de marzo el Senado y la Cámara de Representantes deben arrancar el segundo tramo de la tercera legislatura. Serán escasos dos meses y medio de trabajo y, por lo mismo, desde muchos sectores políticos, económicos, sociales e institucionales se está urgiendo no solo que se defina la agenda legislativa sino que se priorice.
Uno de los flancos en que esa urgencia es mayor es el de la hoja de ruta crítica del proyecto de reforma tributaria que el Gobierno piensa llevar al Parlamento. El objetivo es allanar recursos que le permitan no solo contener el abultado déficit fiscal con que cerró el 2020 por cuenta de la cuantiosa inversión presupuestal requerida para enfrentar el drástico coletazo socioeconómico de la pandemia, sino apalancar el billonario plan de reactivación productiva y laboral oficializado semanas atrás por 135 billones de pesos, que deberán movilizar tanto el sector público como el privado. Es claro que teniendo un endeudamiento oficial por encima del 60% como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), no se puede seguir insistiendo únicamente en empréstitos para solventar las necesidades de gasto, haciendo imperativo acudir a otras vías para ingresar recursos a las arcas fiscales. En ese escenario, la venta de algunos activos estatales y un mayor recaudo de impuestos son las otras fórmulas viables.
Si bien el equipo económico gubernamental ya tiene estudiadas algunas bases del ajuste impositivo y tanto el Ministerio de Hacienda como el propio Presidente de la República han analizado con varios gremios el tipo de medidas a implementar, el insumo más importante para perfilar la reforma será el informe de la llamada “Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios”, que el Gobierno creó e instaló en el segundo semestre del año pasado, con asesoría de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Integrada por cinco expertos internacionales y los ministros de Agricultura, Comercio y Trabajo así como dos viceministros más, esta misión debe empezar a presentar por estos días al Gobierno recomendaciones muy puntuales sobre cuáles de esos beneficios, sobre todo en el rango de las exenciones tributarias, deben mantenerse en cinco áreas clave: impuesto de renta corporativo, impuesto de renta a personas naturales y dividendos, IVA, régimen de comercio exterior así como ingresos no constitutivos de renta e incentivos para el campo.
No se está hablando aquí de un asunto menor. Todo lo contrario, según la DIAN el costo fiscal de los beneficios tributarios en 2019 ascendió a 92,4 billones de pesos, que representaron el 8,7% del PIB. En solo IVA llegaron a 74.9 billones. En medio de la difícil situación económica y fiscal derivada de la pandemia resulta fundamental analizar la eficiencia y pertinencia de las exenciones, incentivos, exclusiones y demás flexibilidades en el pago de impuestos. Y ello se calcula con base en el análisis de elementos concretos como plusvalía productiva, aporte al crecimiento económico, generación de empleo, fortalecimiento y formalización empresarial así como progresividad tributaria, entre otros.
Faltando dos semanas para que el Congreso arranque, y siendo claro que el segundo semestre legislativo estará cruzado por la campaña electoral, haciendo más difícil que una reforma tributaria sea aprobada, es urgente que la comisión de expertos presente su informe final. Y que este contenga diagnósticos y propuestas concretas y sopesadas en cada uno de los cinco rubros ya señalados. No hay tiempo para imbuirse en estos momentos en un análisis estructural del sistema impositivo colombiano. Y menos aún se trata de apostar por una reforma de emergencia y regresiva que se focalice en la ruta facilista de aumentar impuestos a todos los productos, bienes y servicios, a sabiendas de que hacerlo daría una estocada mortal a las empresas, el empleo y el titánico proceso de reactivación económica.
Por último, pero no menos importante, el Gobierno debe asumir con toda la seriedad las recomendaciones de la comisión. No puede pasar lo mismo que con otras misiones de expertos en el pasado, cuyos diagnósticos e informes fueron ignorados sustancialmente a la hora de redactar y tramitar proyectos y grandes reformas. Incurrir de nuevo en ese error no sólo sería una inmensa pérdida de tiempo, sino que llevaría a que la iniciativa tributaria desemboque en la fórmula ruinosa de aumentar impuestos por aumentarlos, en lugar de desmontar exenciones y beneficios ineficientes e improductivos para el país.