* Focalizar ayudas del Estado a los más pobres

* No caer en pulso con “renta básica mensual”

Uno de los asuntos más importantes que tendrá que asumir el Congreso en las sesiones que arrancan el próximo 16 de marzo es el relativo a definir cuáles de los programas y subsidios creados al amparo de la emergencia sanitaria, con el fin de apoyar a los sectores más golpeados por la pandemia del covid-19, deben convertirse en permanentes.
En ese marco, uno de los debate más llamativos se refiere a si en Colombia debe crearse la figura de la “renta básica mensual” o si, por el contrario, lo que debe hacerse es institucionalizar el programa Ingreso Solidario, una de las subvenciones activadas el año pasado para prestar asistencia a más de tres millones de colombianos que se evidenció estaban por fuera del esquema de subsidios vigente y en grave estado de desprotección en medio del duro coletazo social y económico por la pandemia.
La “renta básica mensual” es un mecanismo que existe en algunos países y consiste en la transferencia periódica de un aporte económico por parte del Estado a las familias más vulnerables para que puedan suplir en parte sus necesidades básicas insatisfechas más urgentes. Este mecanismo, que es impulsado por algunos sectores políticos de izquierda y afines, estaría destinado a convertirse en el principal elemento asistencial en Colombia, con montos de transferencia que podrían incluso llegar a un salario mínimo mensual. Como se dijo, ya hay un proyecto de ley radicado en el Congreso en esa dirección.
Por los lados de la coalición oficialista no se considera que esta sea la vía más viable para apoyar a las familias pobres. Esto porque se parte de la tesis de que en Colombia existe una estructura de subsidios directos y cruzados que va mucho más allá del concepto originario de la “renta básica mensual”. Incluso, se cree que apostar por esta última figura podría implicar un retroceso en los programas de asistencia estatal, no sólo para quienes se encuentran en los niveles de pobreza e indigencia, sino también para los hogares que teniendo un nivel de ingresos mayor a estos rangos requieren apoyos en materia de salud, educación, vivienda y otros rubros.

Precisamente por ello es por lo que proponen volver permanente el programa Ingreso Solidario, aumentando el monto que se transfiere hoy a cada familia y la cobertura poblacional. Es decir, beneficiaría a más de los tres millones de colombianos que lo han recibido en el marco de la emergencia sanitaria.

Como se desprende del informe publicado por este Diario en su edición de ayer, el Ingreso Solidario entraría a ser un programa complementario al esquema de subsidios directos e indirectos vigente, cuya estructura es tan sólida y madurada que su costo anual alcanza los 80 billones de pesos al año, una tercera parte del monto del Presupuesto General de la Nación.
Uno de los aspectos más importantes del proyecto es que se articula con el nuevo Sisbén 4.0, cuya principal ventaja es que permite una mejor identificación de las características socioeconómicas de cada persona y hogar, logrando así una focalización más objetiva de las ayudas, garantizando por esa vía que lleguen a quien más las necesita. De igual manera se articulará con el proyecto de reforma tributaria próximo a ser radicado en el Congreso por el Gobierno, cuya columna vertebral sería eliminar las exenciones, subvenciones y exclusiones de impuestos que se consideren innecesarias o improductivas.

Este es un asunto clave: cualquiera sea la figura que se adopte para dar un mayor apoyo a las clases más desfavorecidas, el mecanismo debe estar financiado. No se puede caer en la irresponsabilidad y el populismo de proponer herramientas asistenciales que no tienen viabilidad presupuestal, y menos aún en momentos en que el déficit fiscal y el endeudamiento público se dispararon por cuenta del costo billonario del plan de contingencia para enfrentar la pandemia.

Así las cosas, bienvenido el debate en el Congreso a los proyectos de “renta básica mensual” e Ingreso Solidario permanente. Que se analicen a fondo las implicaciones, costo y beneficios de cada uno. Es claro que el Estado debe apoyar a los más golpeados por la crisis sanitaria y las problemáticas estructurales socioeconómicas. La clave está en maximizar el impacto de esas transferencias económicas directas e indirectas y garantizar que lleguen a los sectores que más los necesitan, cuidando además de que no se desbarajuste aún más el escenario fiscal.