Una vez más está sobre la mesa la necesidad de reformar la Ley de Garantías Electorales. No en pocas ocasiones hemos advertido en estas páginas que esa norma requiere de un ajuste ya que su espíritu inicial surgió tras la aprobación de la eliminación de la reelección presidencial inmediata, en 2004, pero esta figura fue eliminada en 2015.

Tanto en el anterior gobierno como en el presente se ha insistido en la necesidad de modificar la ley, ya que si bien resulta sano mantener una serie de limitaciones para evitar que desde las entidades públicas y con el presupuesto oficial se intervenga en actividades proselitistas, los tiempos que se imponen en la norma vigente son, de un lado, muy amplios y, de otro, las restricciones están afectando la marcha de gestión de los gobiernos nacional, departamentales y municipales.

Es claro que a partir del pasado fin de semana el país ya entró en un año electoral, sobre todo de cara a los comicios parlamentarios de marzo de 2022 y la posibilidad de que ese día también se escojan los candidatos únicos de las coaliciones para la contienda presidencial.

El presidente Iván Duque afirmó el viernes pasado que se requiere reformar la Ley de Garantías Electorales para no frenar el desarrollo ni la inversión en los territorios. Agregó que para ello es necesario contar con el acompañamiento de los organismos de control.

Lo procedente ahora es buscar un acuerdo con las bancadas y los distintos partidos, así como con las federaciones de gobernadores, alcaldes, diputados y concejales, con el fin de redactar un proyecto de ley por consenso, equilibrado y que permita a los mandatarios seguir contratando, designando personal e incluso inaugurando obras, sin que ello implique dar rienda suelta a que se haga política desde los despachos oficiales y con el presupuesto público.

Lo importante es que este proceso legislativo se adelante rápidamente, ya que lo ideal sería que la reforma a la Ley de Garantías Electorales se pueda tener aprobada antes de que termine esta legislatura, en junio próximo. Dejar el proyecto para el segundo semestre sería poco útil, ya que las restricciones de la norma empiezan a regir a finales de este año.

En el entretanto, los alcaldes y gobernadores van a tener que acelerar la ejecución de los proyectos y los planes de desarrollo, porque a finales de este año y en el primer semestre del 2022 se van a encontrar con las restricciones de la Ley de Garantías.