* Delirante propuesta de ampliación de periodos
* Las reglas democráticas y Estado de Derecho
En menos de 24 horas el controvertido proyecto de reforma constitucional que había radicado un grupo de 25 parlamentarios con el objetivo de ampliar los periodos de los actuales Presidente de la República, congresistas e incluso los titulares de los entes de control y vigilancia, fue retirado. No solo porque la mayoría de representantes a la Cámara que lo respaldaron con sus firmas fueron inmediatamente desautorizados por las directivas de sus partidos, sino porque el rechazo fue unánime en todos los sectores políticos, económicos, sociales, jurídicos e institucionales.
Una negativa mayoritaria que, sin embargo, no fue novedad alguna, ya que desde el momento en que empezó a hablarse desde finales del año pasado de esta opción, que siguió haciendo ruido en el arranque de 2021, siempre fue descalificada de forma tajante por la cúpula de las colectividades, el grueso de las bancadas y el propio Jefe de Estado que, de manera enfática y sin dejar lugar a la menor duda, recalcó que las reglas de la democracia deben respetarse y más aún cuando se trata del mandato ciudadano sobre los periodos institucionales de los elegidos por voto popular.
En ese orden de ideas, la sorpresa no termina siendo que la controvertida iniciativa se haya hundido de un día para otro, sin siquiera llegar a reparto en las comisiones primeras o mucho menos a la instancia de selección de ponentes, sino que un grupo de parlamentarios, actuando contra toda evidencia política e institucional, se haya arriesgado a presentar oficialmente una reforma que se sabía no tenía el menor chance de viabilidad.
Caben, entonces, tres reflexiones de fondo al respecto. En primer lugar, resulta obvio que el país ya tiene una serie de lecciones aprendidas en torno a las lesivas consecuencias que acarrea para la institucionalidad y la legitimidad del Estado Social de Derecho cambiar intempestivamente las reglas del juego de la democracia. Una evidencia reiterada desde la reforma del ‘articulito’ en 2004 que eliminó la prohibición de la reelección presidencial inmediata, hasta la grave burla al dictamen popular que negó la refrendación del acuerdo de paz en 2016. De hecho, la jurisprudencia constitucional más reciente ratifica que los mandatos del constituyente primario en la materia son de obligatorio cumplimiento y se debe acudir a mecanismos de participación ciudadana extraordinarios para modificarlos.
En segunda medida, resulta claro que la recurrente -y fallida- propuesta de ampliación de los periodos de Presidente y congresistas, o de los alcaldes, gobernadores, concejales, diputados y ediles, bajo la excusa de acompasar sus respectivos mandatos, esconde una falencia institucional que no ha podido ser resuelta por los gobiernos y congresos de turno: ¿Cómo articular los planes de desarrollo Nacional con los departamentales y municipales si cuando el primero es aprobado y puesto en marcha por el Gobierno central, a los mandatarios seccionales y locales ya les queda poco tiempo en el poder? Este cortocircuito institucional no se soluciona homologando las fechas de las elecciones presidencial, parlamentaria y regionales, sino perfeccionando el mecanismo de aprobación de los planes de desarrollo, su nivel de jerarquización gubernativa desde el nivel central al territorial y creando esquemas más efectivos de articulación entre Casa de Nariño, gobernaciones y alcaldías. Una reforma urgente que, pese a estar sobrediagnosticada, no ha podido ser concretada en el Legislativo.
Y, por último pero no menos importante, lo ocurrido con este fracasado proyecto y otros anunciados recientemente, en donde sus autores fueron desautorizados por el resto de su bancada y directivas partidistas, pone de presente que se requiere, tal como ocurre en otros países, un mecanismo que obligue a los parlamentarios a que sus iniciativas de ley y acto legislativo tengan un visto bueno previo de sus respectivas colectividades. Esto no solo fortalecería la democracia interna de los partidos y su coherencia ideológica y programática, sino que racionalizaría la agenda legislativa, un asunto urgente en estos momentos en donde hay centenares de proyectos radicados o en curso en Senado y Cámara, buena parte de los cuales ni siquiera pasan del primer informe de ponencia negativa, pero sí le quitan tiempo y espacio a iniciativas más importantes y necesarias.
Como se ve, son varias las lecciones que quedan de este proyecto sobre ampliación de periodos que, simple y llanamente, nació muerto. La pregunta sería ¿Partidos, congresistas y Gobierno -como cabeza de la coalición parlamentaria oficialista- aprenderán de ellas?