Pese a que nuestro padre Aristóteles dijera que el peor de los gobiernos posibles es el de los jueces, en esta tierra en la que algunos impíos pretenden desterrar al Sagrado Corazón de Jesús, desde hace varias décadas audaces politiqueros han querido defender e instaurar el gobierno de los jueces. Prefieren que sean jueces los que gobiernen mediante sentencias, de ser posible inapelables. Unas leyes que ellos copian de otras legislaciones foráneas e intentan en sacralizarlas entre nosotros.
La aristocracia griega intenta demoler en Atenas en el siglo VIII a.c. la naciente democracia bajo un sistema de predominio de los jueces que estaba a su servicio, las peores iniquidades se cometían mediante la justicia al servicio de los poderosos. Los Arcontes, como se denominaba a los 9 magistrados que gobernaban, se envanecieron y creyeron infalibles, intocables y dueños del destino de los atenienses y sus aliados. Los abusos y la infamia se prodigan, la reciente primera democracia de Occidente, con asombro ve como los jueces abusadores subvierten sus valores, vulneran sus derechos y favorecen la inequidad. El gobierno de los nobles jueces al servicio de sus pares más poderosos en Grecia, como no se recopilaban las leyes, podían hacer lo que les daba la gana, para con artificios presentar sus oprobiosas decisiones como válidas.
Los Arcontes o magistrados, por sus abusos de poder, se tornan en una de las peores pesadillas y una verdadera vergüenza que sufre el pueblo ateniense. Estos establecen que por deudas los hombres libres podían ser judicializados, esclavizados y vendidos como tales. Matan la democracia de raíz, usan sus sentencias como martillo para oprimir a los débiles. Lo peor es que estos jueces ejercían un poder ilimitado, en tanto en la práctica nadie tenía competencia efectiva para juzgarlos y castigar sus ominosas faltas y delitos.
Semejante confusión de principios y de burla de la justicia que provocan los Arcontes concita la reacción cívica de la población, cuando exasperados los verdaderos demócratas comprenden que no se puede ser libre, ni tener una democracia con fundamento espurio de una dictadura judicial. Esa época arcaica de abusos en Atenas es revocada por las gentes buenas y prudentes de la sociedad, que no desean vivir en medio donde la justicia se convierte en una burla y arma mortal para someter a los verdaderos demócratas.
Es cuando aparece el famoso legislador Dracón, éste ocupa el cargo de Arconte Epónimo, con la misión de poner coto a la cadena de horrores que han desatado los jueces en el gobierno, que conduce a Atenas al abismo. Dracón se ocupa en derrumbar las facultades omnímodas que se habían dado a si mismo sus pares, demostrando desde antaño que no se les puede dar tanto poder a los hombres por cuanto se envanecen y tienden a abusar. Él recopila y selecciona las leyes existentes que no atentan contra la democracia, así sean muy severas. Por su implacable postura se suele decir que las leyes demasiado severas son draconianas. El duro código de Dracón se convierte en la columna vertebral del nuevo orden, en especial por cuanto se había comprobado que los magistrados por sabios que sean tienden al abuso cuando no tienen límites en sus funciones y pueden improvisar en sus sentencias. Restaurados los principios elementales para que opere e impere la justicia, con el tiempo se aprobaron en Grecia leyes más suaves y acordes con la restauración de la democracia, puesto todos los problemas no se arreglan con medidas draconianas.
En Colombia copiamos al calco instituciones propias del sistema parlamentario europeo, sin atender que, en nuestra tradición Bolivariana y democrática, tenemos desde la fundación de la República de Colombia un régimen presidencialista. Cómo los primeros miembros de la Corte Constitucional, desbordaron sus funciones al proclamar que iban a desarrollar la Constitución de 1991, desde entonces se ha convertido en costumbre que en vez de atender a la exequibilidad o inexequibilidad de las leyes, que es su función primordial, se dedique a legislar. Lo que podría derivar en un eventual gobierno de los jueces.
Precisamente en el caso de la JEP, es de recordar, como lo han planteado por estos días destacados juristas, que el Presidente Iván Duque, tiene todas las facultades de objetar por razones de inconstitucionalidad o inconveniencia los proyectos de ley. Por la división misma de poderes que sustenta la democracia, esa es una de fórmulas que contempla el sistema para facilitar el buen gobierno. Los distinguidos juristas fundamentan su opinión en estricto derecho y en procedimiento de la misma Corte Constitucional, que “en seguimiento de la ley suprema ha reconocido que la atribución constitucional del gobierno para objetar por inconveniencia proyectos de ley es una fase necesaria dentro del trámite de producción de la legislación”.