Aplazar el trámite del proyecto de ley de modernización de las TIC pedirá mañana la bancada de Cambio Radical en el Congreso.

La decisión se tomó en el encuentro que tuvieron los congresistas este fin de semana en Valledupar, pero además el ex vicepresidente Germán Vargas se refirió al tema en su columna semanal, señalando que es urgente “que el Congreso de la República preste ahora la atención que no le dispensó cuando lo aprobó en comisiones y mire con mucho cuidado las orejas de este lobo, bien camufladas hasta ahora, pero que ya empiezan a apreciarse en sus verdaderos, injustificados y muy indeseables propósitos”.

Se trata del proyecto número 202 de 2018 Cámara – 152 de 2018 Senado, “Por la cual se moderniza el sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones –TIC–, se distribuyen competencias, se suprime la Autoridad Nacional de Televisión, y se dictan otras disposiciones”, radicado el 19 de septiembre por la ministra de las TIC, Sylvia Constaín, y aprobado en primer y tercer debates por las comisiones sextas conjuntas el 6 de diciembre.

Como lo ha publicado EL NUEVO SIGLO, la iniciativa ya fue duramente criticada por la oposición, como es el caso del representante por Bogotá, David Racero, de la Lista de la Decencia, para quien la socialización que ha hecho el Gobierno “no ha sido un espacio para dialogar con las comunidades y mejorar el proyecto, más bien, es la manera de legitimar el proyecto tal como está. Es tan así, que la Ministra presenta nuestros argumentos como información falsa en dichos espacios. A ellos no les interesa ajustar el proyecto”.

El senador Jorge Enrique Robledo, del Polo Democrático, enfatizó que “nuestras diferencias con este proyecto son enormes. No creo que sean conciliables porque el de ellos es un enfoque distinto al que nosotros pensamos”.

Pues ahora Cambio Radical, partido que se declaró independiente, también presenta reparos al proyecto del Gobierno.

El ex vicepresidente Vargas Lleras expresó, por ejemplo, que con la iniciativa “ganan todos los operadores, gana el Gobierno pero pierden todos los ciudadanos y también el Estado”.

“La Ministra nos embarcó en este proyecto con el pretexto de lograr una mayor conectividad, en especial en lo que hace referencia a las conexiones domiciliarias. Debo decir enfáticamente que no se requiere este proyecto de ley para avanzar en ese propósito sino realizar cuanto antes la subasta de 700 MHz, cuya reglamentación está lista, y así dar continuidad a los proyectos sociales y de acceso universal; financiar proyectos de banda ancha fija para los usuarios de menores ingresos y garantizar que los operadores privados ofrezcan planes asequibles a dichos usuarios, incluso mediante subsidios a la demanda. Por este camino, y sin necesidad de ninguna ley, se podrá llegar a los 16 millones de personas que aún carecen del servicio”, sostuvo Vargas.

“¿Y qué hay para el Gobierno en esta ley?”, se preguntó Vargas, respondiendo: “Pues, nada menos que el traslado de importantes facultades y prerrogativas de la Autoridad Nacional de TV al Ministerio. Es decir, de un ente autónomo e independiente al propio Gobierno. De ser aprobado este proyecto, sería el Gobierno el que reglamente el otorgamiento y la prórroga de las concesiones, el que decida sobre el régimen sancionatorio aplicable a los concesionarios, o sea, el control sobre contenido de los medios y operadores, y el que fijará las tarifas, tasas y derechos”.

Vargas Lleras advirtió también que “el Ministerio, además, se apropiará de los recursos que desde la Constitución de 1991 se entregaron, con razón, a un organismo independiente como la Autoridad Nacional a través del Fondo de la Televisión, que ahora se pretende fusionar con el Fontic”.