La audiencia en la Corte Constitucional le permitió al presidente Duque hacer claridad sobre el verdadero objeto del debate que no podía reducirse al simple examen de una de las herramientas para combatir el exponencial aumento de los cultivos de hoja de coca. El Presidente consideró que la discusión cobraba una dimensión más amplia:…”la amenaza y riesgos que afronta el país por cuenta del crecimiento vertiginoso de los cultivos ilícitos y las consecuencias que esto trae en la seguridad nacional y la protección de los derechos de los colombianos.”

Resulta evidente que el área de cultivos ilícitos creció vertiginosamente desde el 2012, pasando de 60.000 a 218.000 hectáreas como resultado de las concesiones a las Farc en las negociaciones de La Habana, que incluyó la suspensión de la aspersión área y el estímulo a la siembra con la velada promesa de su gratificación monetaria, y se acompañó de un debilitamiento de los programas de erradicación manual y del relajamiento de la cooperación internacional, herramientas que habían contribuido a la disminución de las áreas sembradas entre 1999 y el 2012.

 El resultado no pudo ser distinto a que el país nadara en un mar de coca, como muchos advertimos. Sus consecuencias son dramáticas porque impactan gravemente la seguridad nacional, amenazan el orden público y el orden constitucional en los territorios afectados y, con ello, afectan poderosamente los derechos sociales, económicos y ambientales de los colombianos. La suspensión de la aspersión aérea, produjo “entre 2016 y 2017 un crecimiento de cerca del 40 por ciento del total de la deforestación, y del 30 por ciento de hectáreas deforestadas asociadas a cultivos de coca”. El gobierno anterior se negó a la recuperación del territorio por la institucionalidad y hoy allí campean los carteles mejicanos de la droga y todas las organizaciones criminales que se financian con el narcotráfico, con el consiguiente aumento de asesinatos. Es el precio que hoy pagamos por el premio Nobel de Paz.

La izquierda centró el debate en el uso del glifosato, adjudicándole efectos nocivos que no han sido determinados por los estudios científicos conocidos. Los trabajos de la FAO y de la Organización Mundial de la Salud afirman la improbabilidad de que el glifosato sea genotóxico, es decir, que pueda unirse al ADN y afectarlo. Además, acude al chantaje de afirmar que el uso del herbicida atenta contra el acuerdo de paz, como si allí no se hubiera consignado la posibilidad de que el gobierno recurriera a este herbicida en caso de no encontrar otra alternativa. Mala fe, como es usual. La Corte tiene una gran responsabilidad, pero en esta oportunidad, por lo menos, el ponente no será persona que asesoró al gobierno en las concesiones habaneras.