Nuevo pulso por glifosato

  • Las condiciones de la Corte Constitucional
  • Evidencia científica y principio de precaución

 

Vuelve a la Corte Constitucional el debate sobre el uso del herbicida glifosato en las aspersiones aéreas para acabar con cultivos de hoja de coca, marihuana o amapola. Esta vez por cuenta de una petición del actual Gobierno al máximo tribunal, pese a que en una sentencia de abril de 2017 se ordenó la suspensión de los operativos de la Policía Antinarcóticos en los que se utilizaban aviones para rociar con este químico los sembradíos ilícitos. Aplicando el principio de precaución, los magistrados prohibieron el uso del glifosato al considerar que existía evidencia científica que llevaría a concluir que afectaba la salud humana y el medio ambiente. De hecho, ya desde octubre de 2015 la administración Santos, con base en una recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), soportada a su vez en un estudio de la Agencia Internacional de Investigación sobre Cáncer, había suspendido este tipo de aspersiones aéreas en la lucha antidroga, ya que el herbicida podría ser potencialmente cancerígeno.

Como es vox populi, la extensión de narcocultivos se quintuplicó en Colombia al pasar de un poco más de 43 mil hectáreas en 2013 a más de 200 mil a comienzos del año pasado. Mientras que para algunos sectores ese retroceso en la lucha antidroga se debió tanto a la suspensión de las fumigaciones aéreas con glifosato como a un incentivo ‘perverso’ derivado del punto sobre erradicación voluntaria compensada pactado con las Farc en La Habana, otros replican que en realidad el boom de los sembradíos ilícitos se causó por una mayor rentabilidad del narcotráfico debido a la devaluación monetaria en esos años y al hecho mismo de que las aspersiones con este químico no eran efectivas como se decía, pues mientras tras estas el porcentaje de resiembra estaba por encima del 30%, en la erradicación voluntaria y la consecuente sustitución de los sembradíos ilícitos la reincidencia criminal era sustancialmente más baja.

Lo cierto es que vino en agosto pasado el cambio de gobierno en Colombia y desde entonces se ha replanteado toda la estrategia antidroga para hacer frente a la crítica ‘herencia’ en la materia. Una de las herramientas que se ha contemplado es volver a utilizar el glifosato en la fumigación aérea, incluso contemplando la posibilidad de hacerlo con drones a baja altura. Sin embargo, los planes piloto que se han realizado con estos últimos no han dado los resultados esperados, como tampoco se ha avanzado en encontrar otro herbicida que remplace al prohibido.

Así las cosas, el Gobierno decidió pedir a la Corte una audiencia para volver a analizar el tema del glifosato. El alto Tribunal la fijó para este jueves y cursó invitación al Presidente y dos ex mandatarios, varios ministros, ex ministros, expertos en salud y medio ambiente, entre otros.

¿Qué puede pasar? Es muy apresurado vislumbrarlo. Lo cierto es que, al final de cuentas, todo dependerá de la capacidad del Ejecutivo para cumplir las seis condiciones que puso la Corte para volver a utilizar el glifosato. Condiciones que pasan porque la regulación del uso debe ser diseñada y reglamentada por un órgano distinto e independiente de las entidades encargadas de ejecutar los programas de erradicación de cultivos ilícitos. Dicha regulación tiene que derivarse de una evaluación objetiva del riesgo para la salud y el medio ambiente, en el marco de un proceso participativo y técnicamente fundado. Además, el proceso decisorio sobre este herbicida deberá incluir una revisión automática de las decisiones cuando se alerte sobre nuevos riesgos. A ello se suma que la investigación científica sobre el riesgo planteado por la actividad de erradicación, que se tenga en cuenta para tomar nuevas decisiones, deberá contar con condiciones de rigor, calidad e imparcialidad. Igualmente los procedimientos de queja deberán ser independientes, imparciales y vinculados con la evaluación del riesgo. Y, por último, en todo caso, la decisión que se tome deberá fundarse en evidencia objetiva y concluyente que demuestre ausencia de daño para la salud y el medio ambiente.

Se trata de exigencias de muy alto calado que no serán fáciles de cumplir en Colombia. De hecho en Europa, Estados Unidos y otras latitudes el debate sobre si el glifosato es cancerígeno ha sido muy intenso y hay distintas decisiones de países y autoridades sanitarias sobre su utilización o no. Incluso, ya la justicia norteamericana emitió un primer y millonario fallo condenatorio al respecto.

Habrá, entonces, que esperar a lo que suceda en la Corte y si esta flexibiliza o no las condiciones o el Gobierno presenta nuevos argumentos a favor de reanudar las aspersiones aéreas con glifosato. Por ahora, el panorama asoma muy complicado.