Por un pacto legislativo real

  • Reto de “mesas técnicas” Gobierno-bancadas
  • Obligaciones y límites de cada una de las partes

 

 

Tras un arranque por lo menos accidentado en el segundo semestre del año pasado, el Congreso está ad portas de comenzar el tramo restante de su primera legislatura. Se trata del periodo más corto, pues va de mediados de marzo a junio. Como se advirtió en estas páginas a finales de diciembre, la productividad legislativa no ha sido la mejor e incluso tuvo grandes lunares negros como el hundimiento del proyecto de reforma a la justicia.

Con el ánimo de apretar el acelerador en el Capitolio este año el Gobierno convocó a la mayoría de las bancadas a sendas reuniones en la Casa de Nariño a comienzos del mes pasado. Tras esos encuentros de senadores y Representantes con el presidente Iván Duque la queja generalizada de las colectividades se dirigió a que el Ejecutivo solo presta atención a su agenda pero no así a los proyectos de ley y acto legislativo de origen parlamentario. El ‘conato’ de rebelión se dio no solo entre algunos de los partidos que hacen parte de la coalición oficialista, sino también en los ubicados en la franja de los independientes. Ante ello el Jefe de Estado decidió delegar en la Ministra del Interior la tarea de organizar unas “mesas técnicas” con cada una de las bancadas con el fin de revisar las iniciativas ya en curso o próximas a radicar por estas. La idea es definir cuáles de esos proyectos pueden ser apoyados por el Gobierno y señalar una hoja de ruta para sacarlos avante en Senado y Cámara.

Las “mesas técnicas”, según un informe publicado por este Diario a mediados de la semana que termina, se llevarán a cabo el próximo miércoles. La expectativa, como es natural, es grande entre los parlamentarios, aunque algunos de estos se quejan del poco tiempo que habrá para la revisión detallada de los alcances de cada proyecto. Razón les asiste ya que el propio Gobierno alertaba días atrás  de la existencia de más de 600 iniciativas en trámite en el Congreso. Poner la lupa sobre todas ellas es, sin duda alguna, una labor bastante dispendiosa pues así como habrá algunas fácilmente descartables por no tratar temas de fondo, otras sí demandarán un análisis más detenido. De allí que algunos senadores y Representantes reclamen la presencia adicional, en las reuniones del miércoles con la titular de la cartera política, de delegados de otros  ministerios con el fin de avanzar no solo el aval político sino el especializado a las distintas propuestas.

Es claro que las bancadas aspiran a salir de estas “mesas técnicas” con acuerdos concretos sobre una mayor priorización de la agenda legislativa de origen parlamentario. Si el Ejecutivo no camina en esa dirección podría exponerse a una nueva ‘rebelión’ que podría dificultar el trámite de iniciativas clave como el Plan Nacional de Desarrollo, la reforma política, la reforma a la Ley de Garantías y el paquete de proyectos anticorrupción, entre otros. Hay, en consecuencia, un riesgo político implícito que no puede ser desestimado ni tratado a la ligera.

Pero también hay obligaciones de las bancadas para que este ejercicio resulte positivo. En primer lugar, debe entenderse que las iniciativas que busquen el guiño del Ejecutivo tienen que estar enmarcadas dentro de las metas y los énfasis gubernamentales. No se le puede pedir a la Casa de Nariño avalar proyectos que vayan en contra de sus principales metas y objetivos, la mayoría de los cuales ya tienen un marco de referencia conocido, como lo es el propio Plan de Desarrollo que se discute en sesiones extras. También es evidente que hay una situación fiscal apretada y el Gobierno no puede ni debe asumir compromisos con potenciales leyes y reformas constitucionales que signifiquen erogaciones presupuestales imposibles de financiar en estos momentos. Y, por último, no se puede perder de vista que si bien en el proyecto de reforma política hay un artículo -muy cuestionado por cierto- que le permitiría a los congresistas incidir sobre la destinación de una quinta parte del presupuesto de inversión anual (es decir un monto superior a los nueve billones de pesos para la vigencia 2019), ello está apenas a medio camino de aprobación y es, por lo tanto, inaplicable.  

Habrá que esperar al resultado de las reuniones de la Ministra del Interior con las bancadas el próximo miércoles para vislumbrar si de las “mesas técnicas” emerge un pacto legislativo real y verificable, o todo termina en un experimento inane que lejos de mejorar la productividad del Congreso la terminará complicando aún más.