Establecer los lineamientos para orientar la renovación de la flota pública de transporte masivo y vehículos pertenecientes al Estado, con el fin de reducir las emisiones de Co2 y de esta manera tener un trato amigable con el medio ambiente, es lo que busca el proyecto de ley promovido por el representante Fabián Díaz, de la Coalición Alternativa Santandereana.

La propuesta establece que la contratación de transporte público masivo en el país priorice la compra de vehículos eléctricos, con el propósito de que en un periodo no mayor a 20 años, la totalidad de esta flota funcione mediante este sistema.

La iniciativa señala que la entidad encargada de reglamentar la medida, será el Ministerio de Transporte, que en un plazo de máximo un año, deberá regular la forma en la que se dará el proceso de salida de circulación de los vehículos antiguos.

En este punto, se hace una excepción al parque automotor de servicio público o mixto del sector rural, así como aquellos casos en que por las especificaciones de terreno, seguridad y funcionalidad la renovación de la flota sea incompatible con las características de los vehículos eléctricos que se encuentren en el mercado.

El proyecto de ley señala que con esta renovación de la flota se priorizará la entrada en aquellas rutas que presentan altos índices de contaminación, registrados en las estaciones de monitoreo de calidad del aire. Posteriormente, la nueva flota de este transporte entrará a cubrir los sectores de estrato 1 y 2.

Asimismo, busca que a través de un esquema de vigilancia y sanciones se supervise el cumplimiento de dicha renovación, así como emitir una certificación para los vehículos eléctricos de transporte masivo que van a ser comprados para este fin.

Establece que se realicen campañas educativas a la ciudadanía, con el fin de fomentar el uso del transporte eléctrico, también asesorar a las entidades territoriales en coordinación con el Departamento Nacional de Planeación (DNP) en la compra, estudio y elaboración de los proyectos necesarios para la adquisición de la flota.

El proyecto de ley dicta que la entidad encargada de tecnificar y certificar a los operarios que manejarán este sistema eléctrico, será el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Establece que estos operarios que manejaban el sistema antiguo, sean los mismos que maniobren el nuevo, con el objetivo de que no se vean afectados por la modificación.

De acuerdo con el proyecto, la idea es tener un sistema de transporte público que cuide el medio ambiente y de esta manera, dé cumplimiento al Acuerdo de París, en donde el país se comprometió en 2015 a reducir en un 20% sus emisiones de gases de efectos invernadero, mediante el que se ratifica la lucha contra el calentamiento global y la preocupación por los problemas ambientales con los que actualmente se debe lidiar.

La iniciativa también señala que Colombia ha tomado participación en varios eventos y acuerdos internacionales encaminados en lograr avances en los temas ambientales, sociales y económicos en los cuales se destacan la Agenda 2030 (2015) y la Nueva Agenda Urbana (2016).

Con respecto a la Agenda 2030 que se logró con el apoyo de numerosos países, organizaciones internacionales y actores no gubernamentales, se consolidó un documento con 17 objetivos de desarrollo sostenible, enfocados en la sostenibilidad económica, social y ambiental de las naciones miembro.

En este compromiso, Colombia planteó reducir las emisiones totales de efecto invernadero en un 20% para 2030.