Rifirrafe uribistas- Farc en Comisión de Paz

Foto Senado.

Con intercambio de improperios terminó ayer la sesión de las comisiones de paz de Senado y Cámara, citada para debatir sobre las objeciones del presidente Iván Duque a la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP).

Los integrantes de las comisiones, pertenecientes a todas las bancadas (gobiernistas, independientes y opositoras) estaban interviniendo.

A la sesión acudieron dos representantes de las víctimas: Lorena Murcia, presidenta de la Corporación Rosa Blanca, que representa a las mujeres reclutadas por las Farc; y Jimena Ochoa, representante de las víctimas de las Farc.

Murcia y Ochoa, invitadas por el Centro Democrático, respaldaron la decisión del presidente Duque de objetar la Ley Estatutaria.

Sin embargo, cuando la senadora Paloma Valencia recordó que en el recinto había víctimas, tanto la representante por Bogotá, María José Pizarro, de la Lista de la Decencia, como la senadora Aída Avella, presidenta de la Unión Patriótica, recordaron que ellas también padecieron el conflicto. “Somos víctimas, a nosotros nos asesinó el Estado. Nosotros respetamos a las víctimas”, aclaró Avella.

Cuando le correspondió el turno a la senadora Valencia para defender la actuación de Duque, su exposición se prolongó. Al solicitarle más tiempo al senador Antonio Sanguino, de la Alianza Verde, quien presidía la sesión en ese momento, este le dijo que solo le otorgaría dos minutos, ante lo cual Valencia replicó: “Deme lo mismo que le ha dado a la izquierda, lo mismo que le dio al narcoterrorista Pablo Catatumbo”.

Como alguno de los congresistas reclamó: “A ver, a ver, respeto con la gente”, los presentes en el recinto donde suele reunirse la Comisión Segunda de la Cámara se dividieron entre quienes aplaudían las palabras de la senadora Valencia y quienes las criticaban.

En medio de la algarabía resaltó la voz del representante por el Valle del Cauca, Jorge Eliécer Tamayo, del Partido Social de Unidad Nacional (La U), expresando que “entonces los paracos son ustedes. De ustedes no se sabe nada, porque lo taparon con la justicia ordinaria, con impunidad, escondidos detrás de todo un gobierno que destruyó a la gente”.

En tono mucho menos airado, la representante por Bogotá, María José Pizarro, de la Lista de la Decencia, anotó que “esa es la paz que ustedes quieren, pacífica y reconciliadora”.

En respuesta a Tamayo, Valencia exigió respeto, recordándole que “todos los cabecillas de los paramilitares están en la cárcel, por el presidente Álvaro Uribe, así les duela. Y las víctimas están aquí sentadas, respétenlas”.

“Quiero decirles a las víctimas que estamos con su dolor, que no queremos impunidad”, sostuvo Catatumbo, quien le dijo a Valencia que “no soy un narcoterrorista así como ella tampoco es paramilitar. Soy un Senador de la República como lo es ella, así le duela. Nosotros hicimos la paz y ostentamos una curul en el Congreso”.

Pero Valencia replicó: “Reconozca que ha sido terrorista y asesino. El título de Senador le queda grande”.

“Estamos viendo lo que significa la JEP, estaban acusando a Pacho Santos del bloque capital. Están en una agresividad constante”, sostuvo Valencia, agregando que “si una persona condenada por narcotráfico no se le puede decir narcoterrorista entonces para qué está funcionando la JEP” y que “la JEP se trata de construir la verdad, tiene que ser un organismo de justicia que nos de tranquilidad”.

Al final, una parte de los integrantes de la comisión aprobó una proposición solicitándole al presidente del Senado, Ernesto Macías, del Centro Democrático, remitir directamente a la Corte Constitucional las objeciones, argumentando que es necesario que “se precise si el Congreso es competente para objetar sentencias de la Corte Constitucional tratándose de temas ya decididos por esa corporación”.

Para autores de la proposición –los senadores Roy Barreras y Roosevelt Rodríguez (La U), Iván Cepeda (Polo Democrático) y Antonio Sanguino (Alianza Verde), así como las representantes Pizarro, Juanita Goebertus (Alianza Verde) y Ángela María Robledo (Colombia Humana)–, los congresistas son servidores públicos y por tanto si la Mesa Directiva decide dar trámite a estas objeciones sin las precisiones demandadas a la Corte Constitucional, podría configurarse la extralimitación de funciones dolosa con consecuencias disciplinarias y penales al constituirse el delito de prevaricato por acción tipificado en el Artículo 413 del Código Penal.
En medio del debate a la proposición, el senador José Obdulio Gaviria, del Centro Democrático, calificó a Barreras de ser un hombre “malévolo”, a lo que este respondió: “No voy a discutir qué es ser malévolo, porque habría que hacer una larga discusión kantiana sobre el bien y el mal, y en esa usted saldría perdiendo”.