El Gobierno está preparando un decreto para meter en cintura a los especuladores de precios con los productos de la canasta básica, los medicamentos y dispositivos médicos.

En efecto, se fijarán medidas de seguimiento y control con el fin de evitar los sobreprecios y prevenir conductas de acaparamiento durante el período de emergencia económica.
Con esta reglamentación, que tendrá vigencia mientras perduren las causas que motivaron la declaratoria de la Emergencia Económica, Social y Ecológica, los Ministerios de Salud y Protección Social; Comercio, Industria y Turismo; y Agricultura y Desarrollo Rural fijarán un listado de productos, que serán sujetos de seguimiento por parte del Dane.

Para ejercer dicho seguimiento, los agentes y actores de las cadenas de producción, distribución y comercialización de los productos deberán suministrar los datos de precios al Dane y esta realizar un reporte semanal para la Superintendencia de Industria y Comercio.

En caso de encontrar hallazgos o diferencias relevantes, la SIC los reportará a los Ministerios de Agricultura, Comercio, Industria y Turismo y a la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos, quienes evaluarán la pertinencia de medidas regulatorias adicionales de control de precio, contempladas en los artículos 60 y 61 de la Ley 81 de 1988.

Acaparamiento

“Con esta medida buscamos corregir las alzas de precios de productos de primera necesidad y las presiones que se pueden presentar en el mercado durante el aislamiento preventivo, y que pueden provocar conductas de acaparamiento por parte de los consumidores, y de especulación por parte de productores, distribuidores y/o comercializadores”, afirmó el ministro José Manuel Restrepo.

Por su parte, La Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos, podrá fijar los precios máximos de venta al público para aquellos productos que se consideren de primera necesidad con el fin de garantizar el bienestar de los consumidores.

Por último, el Decreto también buscará el  apoyo en la función de inspección, vigilancia y control a los Gobernadores y Alcaldes, para que envíen un reporte a la SIC sobre las posibles variaciones atípicas de precios de los productos en sus territorios.