La semana pasada los colombianos nos llevamos varias sorpresas ante ciertas posturas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Sabemos lo difícil que resulta para este tribunal tomar ciertas decisiones o alternativas, que queramos o no, pueden levantar ampolla en todo el conglomerado nacional, y entendemos que difícilmente se lograra consenso, por tratarse de esclarecer verdades y establecer responsabilidades de componentes comprometidos en el conflicto vivido con las Farc. Aun deduciendo que la JEP nace como salida negociada para brindar a los actores, posibilidades de entendimiento, armonía y acuerdos, pero nunca impunidad rampante y sorda, nos es imposible pasar desapercibidos por manifestaciones tan sensibles, especialmente en un periodo de posconflicto.
Hasta el momento los medios de comunicación han dado cuenta de situaciones vividas al interior de la Jurisdicción Especial, donde las posiciones de investigados antes que aportar información y evidencia para lograr el esclarecimiento de la verdad, están soportados en evasivas, verdades a medias y hasta responsabilidades venidas de las víctimas; es decir la afirmación de responsabilidades está lejos de hacer parte integral en las declaraciones y versiones, es posible que con el paso de los años, fantasmas del horror hagan presencia en sus conciencias y un asomo de arrepentimiento invada sus razonamientos, pero no llevan al estrado una confesión o reconocimiento.
Cuando hemos tenido la posibilidad de hablar con las víctimas sobre estos aspectos, su malestar es manifiesto, pues el recuerdo de los maltratos y vejámenes permanece indeleble en sus memorias y su única esperanza es el pronunciamiento de la JEP en contra de esos episodios tan dolorosos para el país y las víctimas, pero un pronunciamiento donde resplandezca la justicia en manifiestas porciones, como se acordó en las negociaciones, nunca con una impunidad rampante como lo venimos sosteniendo.
No puedo pasar por alto el episodio que da cuenta del atentado a las instalaciones de la Escuela Superior de Guerra y la Universidad Militar, perpetrado el día 19 de octubre del año 2006, donde la Jurisdicción Especial para la Paz manifiesta que no existió crimen de guerra, como tampoco se faltó a los principios del DIH. Es un duro golpe al país y su fuerza pública. No voy a referir los hecho por ser de conocimiento general, solo me asombra como ciudadano del común la decisión tomada al interior del tribunal, dejando en libertad a Marilú Ramírez, pintorescamente llamada la “Mata-Hari”, pieza importante del andamiaje delictivo y terrorista del movimiento armando de las Farc y concuerdo con María Isabel Rueda cuando muestra una gran preocupación por el futuro de las confrontaciones en Colombia. Peligroso panorama.
De las víctimas de secuestro y maltratos, Ingrid Betancourt, Luis Eladio Pérez, el General Luis Mendieta, son fieles relatores de todos los excesos sufridos por los secuestrados.