ONG globales urgen castigar homicidio de líder social

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Un llamado al Gobierno colombiano para que investigue el asesinato del líder social Marco Rivadeneira, hicieron varias organizaciones internacionales de la sociedad civil, ayer a través de un comunicado.

Como lo publicó el lunes EL NUEVO SIGLO, Rivadeneira fue sacado de una reunión campesina en la vereda Nueva Granada, en el municipio de Puerto Asís, Putumayo amenazado por tres hombres con pistolas vestidos de civil. Según los testigos, “aproximadamente media hora después llegó información en el sentido que habría sido asesinado”.

En el comunicado conocido ayer, varias ONG internaciones (entre las que se encuentran AFL-CIO, Amnesty International U.S.A., Center for Justice and International Law, CEJIL, Colombia Human Rights Committee, Oxfam, Presbyterian Peace Fellowship, Robert F. Kennedy Human Rights y Washington Office on Latin America) plantearon que el asesinato “corrobora una vez más la falta de garantías de seguridad para la labor de los defensores de derechos humanos y la falta de voluntad del Gobierno colombiano para desmantelar las estructuras criminales y organizaciones paramilitares que vienen atentando contra los líderes sociales y quienes defienden la paz en los territorios”. Coordinación insta además, al Gobierno a actuar con decisión para garantizar que los “enemigos de la paz” no utilicen la situación de emergencia creada por el coronavirus para continuar exterminando a los líderes sociales.

Por otra parte, 107 líderes sociales fueron asesinados en 2019, según la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia. Uno de cada tres defensores de los derechos humanos asesinados en 2019 (según documentado por Frontline Defenders) era de Colombia. El 2020 ha comenzado con una ola de violencia contra ellos.

Las ONG “instamos al Gobierno colombiano a asegurar que el sistema de justicia investigue y lleve a juicio efectivamente este asesinato, además de comunicar qué medidas se están tomando para llevar a los responsables ante la justicia. También, instamos al Gobierno colombiano a que brinde garantías efectivas para los defensores de derechos humanos, los líderes sociales y aquellos que trabajan para construir la paz en Colombia”.