La crisis de los países afectados por el Covid -19 no sólo es de salud sino también financiera y fiscal.
Mientras Asia Europa, Norteamérica y demás países ricos han contado con alternativas económicas para atender sus requerimientos del servicio de salud, estructurales y de abastecimiento, pues han recibido donaciones, aportes de los bancos y del sector productivo, en Colombia no hay liquidez y la fuentes de financiación son restringidas, porque ni hablar de donaciones ni de aportes voluntarios, salvo contadas excepciones, de todas formas muy inferiores a lo que se necesita.
Dadas las circunstancias, el Gobierno Nacional resolvió echar mano de los dineros que pertenecen a los departamentos y municipios, por medio del Decreto 444/2020, artículo 8, "abiertamente inconstitucional" como lo han calificado algunos; expedido, además, sin concertación con los mandatarios territoriales.
Así las cosas, los dineros depositados en el Fonpet y el FAE o Fondo de Ahorro y Estabilización de Regalías, muy limitados, de naturaleza Fiscal y de destinación específica, utilizados además, regularmente para generar desarrollo en las regiones, y para cubrir pasivos pensionales de las entidades territoriales, ahora pasarán al FOME, o "Fondo de Mitigación de Emergencias", el cual según Hacienda, busca mantener el flujo de recursos para atender "a los más vulnerables" frente al coronavirus; pero sin saberse la objetividad con la cual se vaya medir esa supuesta "vulnerabilidad", para no incurrir en preferencias y favorecimientos políticos: mucho más, si se dice que será "la chequera del Ministerio" para atajar el Covid-19, administrada por la Dirección General de Crédito Público, en abierta contradicción con los avances en descentralización administrativa, logrados desde años atrás.
Pero eso no lo es todo. Se trata de un " fondo cuenta “sin personería jurídica, que permitirá efectuar operaciones de apoyo de liquidez transitoria a los bancos, a través de transferencias temporales de valores, depósitos a plazo, entre otros, para ser devueltos entre el 2023 y el 2040, anuncio que suscita fundado escepticismo debido promesas anteriores no cumplidas, como el 2 por mil, etc.etc.
Lo que no entendemos es por qué centralizar el gasto, cuando cada región vive su propia tragedia y necesita atenderla de primera mano, sin más trámites burocráticos.
Además, por qué no se utilizan otras opciones para captar recursos como gravar durante la época de crisis, las utilidades de las empresas que gozan de exenciones tributarias, lo cual sería una forma de retribuirle al Estado lo que por tantos años han dejado de pagar.
Ahora bien, mientras en España los bancos hacen donaciones voluntarias, aquí el dinero fluye a la inversa.
Analistas, como el economista y abogado J. Roberto Acosta, sugirió "no revolver recursos fiscales con herramientas monetarias”.
Y el senador Velasco, del Cauca, le pide a la Dian un tratamiento especial para hospitales y clínicas privadas que se encuentren a punto de ser rematadas, condonándoles los intereses moratorios y permitiéndoles cruzar lo que les deben las EPS con lo que ellos deben a la Dian. Opciones juiciosas que deben estudiarse.