El departamento del Cauca vive una crisis por la violencia que se ha agudizado en los últimos meses, luego de un relativo periodo de calma tras la firma del acuerdo de paz. La confluencia de diversos factores como el narcotráfico, las disputas por el control territorial entre grupos armados ilegales y discrepancias frente a la propiedad de la tierra perpetúan el conflicto en esta región.
Mientras en 2010 la tasa de homicidios del Cauca era de 62.33 por cada 100.000 habitantes, en 2016, con la firma del acuerdo de paz, este indicador cayó levemente al 58.87 y en 2019 las muertes violentas llegaron a las 78.52. En materia de acciones de grupos armados, en 2012 hubo 36 en el año; en 2016, con el acuerdo de paz, llegó a un mínimo de siete acciones violentas y para el final de la década, se contabilizaron 28 acciones de grupos armados en 2019. Esto mientras las muertes de líderes sociales llegan a niveles de 2011, lo que describe un preocupante panorama de deterioro de las condiciones de seguridad en la región.
El Cauca es el tercer departamento con mayor población en condición de pobreza en Colombia, y sin conectividad terrestre con sus municipios en el litoral. Si bien con la Ley Páez se logró atraer inversión privada y acelerar el desarrollo regional; los significativos beneficios de esta iniciativa -más de 190 empresas asentadas- se quedaron en los municipios del Norte más cercanos y mejor conectados al Valle del Cauca. Ese dinamismo no fue igual en toda la región y municipios como Buenos Aires, Suarez, Toribío y Corinto, entre otros, permanecieron relegados por su precaria infraestructura que les impidió aprovechar este impulso.
Pero, sin duda, el acelerador de la crisis es el narcotráfico, que con cerca de 18.000 hectáreas de coca hace al Cauca el cuarto departamento con más cultivos ilícitos, en donde inciden directamente grupos armados ilegales. En gran medida, el problema del Cauca es el control territorial para el narcotráfico, que no solo demanda tierras para cultivar la mata de coca, sino que además requiere rutas de salida hacia el Pacífico y la conexión con los mercados nacionales e internacionales, lo que supone una cadena de abastecimiento amplia que incentiva economías ilegales y otros fenómenos que alejan las posibilidades de cesar la confrontación.
Finalmente, en el Cauca, de los 3 millones de hectáreas de tierras existentes, alrededor de 1.3 millones se encuentran tituladas colectivamente a comunidades étnicas, territorios que en su mayoría son poco productivos o destinados a la protección ambiental. En contraste, las tierras cultivables y altamente productivas son propiedad privada. Ante esta realidad, es fundamental fortalecer acciones que mejoren la productividad en los territorios de comunidades afro, indígenas y reservas campesinas, para lo cual es indispensable aportar en la formación de capital humano, acceso a mecanismos de financiación y dotación para la producción, a efectos de lograr mayores oportunidades de desarrollo en la legalidad para empezar a ganarle las nuevas generaciones a la violencia.