• Unicef lanzó nueva voz de alerta
• Un delito en auge y alta impunidad

La Unicef, que ha sido un vocero comprometido, constante y poco escuchado por nuestras autoridades, volvió esta semana a denunciar la grave situación que vive Colombia por el constante flujo migratorio ilegal. Según este nuevo informe en los últimos cuatro años hay quince veces más niños cruzando temerariamente con sus familias el tapón del Darién, la zona selvática entre Colombia y Panamá, en busca de avanzar hacia Centroamérica y de allí a Estados Unidos.

Es un problema que crece exponencialmente y del que autoridades y medios de comunicación hablan a cada tanto. Es sabido que, incluso en medio de la pandemia y pese al cierre limítrofe generalizado, día tras día entran ilegalmente a nuestro país, en especial por las fronteras sur y oriental, migrantes haitianos, venezolanos, cubanos, africanos y asiáticos. En fin, personas de más de 50 nacionalidades que buscan llegar subrepticiamente al Urabá y emprender el peligroso recorrido por el tapón del Darién, en donde se exponen a largas jornadas de caminatas por la manigua, con riesgo de contraer enfermedades tropicales, pasar hambre, ser robados y abandonados por los “coyotes”, atacados por animales de distinta especie o incluso por grupos de delincuencia común y organizada.

Como se dijo, no es una crisis nueva, pero desde 2014 Colombia tiene un mayor protagonismo en las rutas de tráfico de personas, el tercer delito más lucrativo a nivel mundial, después del narcotráfico y el tráfico de armas. Las rutas desde las fronteras con Ecuador y Venezuela hasta Urabá se infestaron de traficantes y de “coyotes” que se aprovechan de la tragedia y desespero de miles de hombres, mujeres y niños que vendieron lo poco que tenían y dejaron todo atrás movidos por el anhelo de tener una vida mejor en Estados Unidos y desde allí poder ayudar a sus familias en sus países de origen.

El Ministerio de Relaciones Exteriores, la Policía, las autoridades militares, Migración Colombia y los organismos de inteligencia saben que una de las causas de esta crisis en que en las naciones vecinas no son exigentes en materia de visado. Esto, por ejemplo, desató un inmenso tráfico de migrantes desde Cuba a través de Ecuador, lo que multiplicó las rutas clandestinas hacia Urabá y activó una red de organizaciones criminales encargadas de mover a las personas por nuestro territorio. Incluso se han detectado ya mafias que operan desde Guyana, Brasil y, obviamente, Venezuela, de donde la dictadura ha expulsado a más de seis millones de personas.

Pero no es la única puerta de entrada. De acuerdo con cifras oficiales del gobierno ecuatoriano, tan solo en 2015 entraron 65.400 cubanos a ese país, 40 mil de los cuales dejaron un registro de salida. Pero como desde ese año Quito impuso la exigencia de visa a los isleños, el tráfico ilegal derivó a las rutas de Guyana y Venezuela.

Se estima que entre 2018 y 2020 llegaron a Urabá unos 20 mil migrantes ilegales por año. La mayoría se arriesga a pasar el Darién, zona dominada por mafias de narcotráfico, contrabando y el tráfico de armas. Turbo, Necoclí y Capurganá experimentan una crítica sobrepoblación y una economía tan costosa como informal alrededor de los atemorizados extranjeros. A comienzos de este año, por ejemplo, se denunció que, tras el cierre de la frontera por parte de Panamá debido a la pandemia, más de 1.500 cubanos, haitianos, jamaiquinos, venezolanos y africanos se quedaron varados durante varias semanas en Necoclí, hacinados en carpas, sin agua ni alimentos. Como en muchas otras ocasiones, el Gobierno resolvió la crisis concertando un corredor humanitario pero el problema avanza y se agrava.

Además de Unicef, organizaciones como Acnur e Interpol han denunciado este problema. Incluso hay campamentos en la zona binacional instalados para socorrer a los migrantes. Aunque las autoridades colombianas han activado distintas estrategias para enfrentar esta crisis, continúa creciendo.

No solo se está ante redes trasnacionales de tráfico de migrantes, que manejan todas las etapas de la cadena delictiva, sino que el fenómeno es también una gran fuente de corrupción a través del soborno a funcionarios. La ONU estima que dos de las principales rutas del tráfico ilícito: la de África oriental, septentrional y occidental hacia Europa, y la de América del sur hacia América del Norte, generan anualmente alrededor de 6.750 millones de dólares para los delincuentes y que los migrantes objeto de tráfico ilícito pagan a las mafias entre 2.000 y 10.000 dólares por persona, según su lugar de origen.

El nuevo informe de Unicef enfatiza en los peligros que enfrentan los niños, niñas y adolescentes en el infernal paso por el Darién. Hay abundantes denuncias de accidentes mortales, abusos y hasta explotación sexual. Las redes de narcotraficantes, minería criminal y hasta las terroristas buscan revictimizarlos.

Visto todo lo anterior, es necesario implementar un plan más efectivo y audaz contra este fenómeno de tráfico de migrantes por el Darién, porque a la luz de las evidencias los vigentes no han frenado su auge sustancialmente.