* Un Estado Social de Derecho en plena vigencia
* Tres millones de familias urgen esta asistencia
El impacto social y económico de la pandemia en Colombia ha sido muy alto y, lo que es más grave, se mantiene dado que la emergencia sanitaria continúa y prueba de ello es que el país registra ahora un tercer pico de contagios y decesos que ha obligado a reimplantar cuarentenas y restricciones a la movilidad social y capacidad productiva.
Pese a que el país tiene una de las estructuras más sólidas y de mayor cobertura en materia de subsidios y ayudas oficiales directas e indirectas en todo el subcontinente, el coletazo social y económico de la emergencia ha sido de tal magnitud que se evidenció rápidamente que un número importante de familias quedó en un alto grado de desprotección y requería un apoyo urgente para sobrellevar la complicada situación.
Precisamente esa circunstancia fue la que llevó al Gobierno a multiplicar de un momento a otro el alcance de los subsidios y líneas asistenciales sociales existentes al tiempo que para la población no cubierta creó el programa Ingreso Solidario, con el objetivo de entregarle un giro monetario directo. Trece meses después del inicio de la crisis pandémica, este programa no solo se ha convertido en la herramienta oficial más importante de alivio socioeconómico en el país, beneficiando a más de tres millones de familias vulnerables, sino que tras ser extendido en medio de la emergencia ahora el Gobierno plantea la necesidad de constituirlo en un mecanismo permanente y de política de Estado.
Como bien lo explica la directora del Departamento de Prosperidad Social en entrevista que publicamos en esta edición, el Ingreso Solidario no es un programa más: tras ser activado en abril del año pasado ha permitido entregar a más de tres millones de familias 5,6 billones de pesos y se calcula que cuando se produzca el giro número quince del auxilio económico, programado para junio de este año, el monto total será de 7,2 billones de pesos. Eso implica, entonces, que cada núcleo familiar habrá recibido para esa fecha 2,4 dos millones de pesos por este concepto, entregados a través del sistema financiero o de otras vías para los que aún no están bancarizados. Un instrumento de apoyo social de emergencia sin antecedentes en nuestro país y ejemplo a nivel mundial, sobre todo en naciones de igual nivel de desarrollo que Colombia.
En estas páginas hemos insistido desde el comienzo de la crisis por el coronavirus que la prioridad del Estado no sólo debía centrarse en la implementación del plan de contingencia sanitaria para mitigar el volumen de infecciones y muertes, sino en apoyar de manera directa, rápida y efectiva a la población que por cuenta de las cuarentenas, el alto desempleo y el clima recesivo económico perdió o vio fuertemente disminuidos sus ingresos, al punto que no en pocos casos empezó a pasar hambre y sumergirse aún más en la pobreza y hasta la indigencia.
Volver permanente el Ingreso Solidario es una evidencia de un Estado Social de Derecho en plena aplicación. Este programa ha demostrado ser más eficaz, potente y progresivo que la figura tradicional de la llamada “renta básica mensual”, sobre todo porque, como ya se dijo, Colombia es un país que anualmente destina 80 billones de pesos (la tercera parte del presupuesto general de gastos) a los subsidios y programas sociales directos e indirectos.
En ese orden de ideas, es imperativo que el Ingreso Solidario se convierta en una política de Estado que supere el escenario mismo del impacto de la pandemia y se erija como una estrategia integral para los hogares en condición de pobreza y vulnerabilidad. De allí, entonces, que se plantee ampliar su cobertura y que, junto a otros subsidios y líneas de ayuda social, impacte a cinco millones de familias, es decir alrededor de 20 millones de colombianos, algo así como el 40% de la población. No en vano, la meta con todo este mecanismo es reducir la incidencia de la pobreza extrema en 7,9 puntos porcentuales, la pobreza monetaria en 4,2 puntos y la desigualdad en 3,2 puntos en el coeficiente Gini. Para ello no solo es clave contar con las fuentes de recursos, sino mejorar ostensiblemente el sistema de focalización (aquí es determinante el nuevo Sisben 4.0), que permita identificar a los hogares en situación de vulnerabilidad, asegurar la llegada de los subsidios y detectar el momento en que la propia dinámica socioeconómica lleve a concluir que ya no requieren de dicha asistencia oficial.
Obviamente abocar una estrategia de esta dimensión del Ingreso Solidario no es fácil. Sin embargo, es urgente convertir este programa en permanente. El debate sobre la fuente de los recursos lo deberán destrabar Gobierno y Congreso, ya sea a través de una reforma tributaria, mayor endeudamiento público, apretón del gasto o la venta de activos. O la combinación de todos ellos. Colombia es un Estado Social de Derecho y la dimensión de la crisis por el covid-19 exige medidas audaces para asistir a los hogares más golpeados. Esa es la prioridad.