* Disección de una reforma tributaria inevitable
* Responsabilidad del Congreso en un momento crítico
La reforma radicada por el Gobierno en el Congreso sobre temas fiscales y de solidaridad social tiene aspectos buenos y otros que están suscitando amplio debate. Pero se trata, y esto vale decirlo desde un inicio, de un trabajo serio y concienzudo sobre cómo alcanzar la sostenibilidad fiscal del país y la modernización de sus estructuras tributarias. La extensa exposición de motivos es un documento de lectura obligada.
La iniciativa busca, asimismo, una ampliación de la red de amortiguación social para las familias más golpeadas por la pandemia. Este es quizás el aspecto más importante del proyecto. En especial hay que destacar el novedoso diseño que se propone para el Ingreso Solidario, que además de constituirse como una política de Estado, resulta más ambicioso aún que la renta básica de la que tanto se había hablado últimamente.
En el proyecto la sanidad fiscal está indisolublemente unida a la modernización de los tributos. Por eso propone una nueva visión de la Regla Fiscal, que contaría con una institucionalidad más robusta y no solo controlaría el déficit sino también el endeudamiento público. Igualmente hay que destacar las facultades extraordinarias para poner en cintura el gasto público en corto tiempo e impulsar mecanismos de control a la evasión, como la factura electrónica.
Pasemos ahora a los aspectos que más generan debate en la propuesta. El Gobierno había terminado por afirmar que no se gravarían con IVA los artículos alimenticios de primera necesidad. Sin embargo, se propone eliminar parte de los llamados bienes exentos, dentro de los cuales hay varios del sector agropecuario, con la sola excepción de los que se dediquen a la exportación. Ahora bien: los bienes exentos del IVA son aquellos en los cuales se pueden descontar los insumos pagados aguas arriba en el proceso productivo. Lo que es la quinta esencia de todo gravamen al valor agregado como es el IVA. Si esto se llega a aprobar -y como muy bien ya lo han advertido los gremios del sector agropecuario- se elevaría el costo de todos los alimentos, encareciendo la canasta familiar, y se generaría un beneficio injusto para los bienes agropecuarios importados.
Otro aspecto negativo del proyecto es que en pocos elementos parece haber acogido las recomendaciones del comité de expertos sobre beneficios tributarios que el mismo Gobierno convocó. Por ejemplo, el régimen de zonas francas (de las cuales hay más de cien en el país) y que a la larga se constituyen en una especie de competencia desleal para la producción nacional, recibe nuevas alas y estímulos adicionales. Lo mismo sucede con el régimen de exenciones tributarias industriales y comerciales. Igual ocurre con las llamadas megainversiones y con los “Días sin IVA”. Debe recordarse que las frondosas gabelas tributarias están teniendo a la fecha un costo fiscal anual superior a los $50 billones, que significan el doble de lo que se pretende recaudar.
No puede dejar de mencionarse, por último, que el proyecto, en consonancia con lo que se está viendo en todo el mundo, enriquece el arsenal impositivo colombiano con más tributos verdes. Pero, en cuanto a lo feo de la reforma, no es comprensible, por ejemplo, que, a tono con una sana política ambiental y de salud pública, se dejen por fuera las cargas tributarias a las bebidas azucaradas. Frente a ello, es aún más polémico castigar el régimen de pensiones e incrementar las cargas en los servicios públicos, incluso existiendo un sistema de subsidios cruzados. De hecho, el proyecto tiende también a caer en el fenómeno de la doble y triple tributación en varios aspectos.
La gran pregunta es cómo recibirá esta cascada impositiva el Congreso. Probablemente terminará aprobando la reforma, desbrozando lo bueno, lo malo y lo feo, sin tragar entero. Habrá, como es normal, intensas discusiones. Ojalá que lo que salga finalmente contribuya a mejorar la descaecida situación de nuestras finanzas públicas. En todo caso, prima tanto el componente de asistencia social como la protección e incentivos al empleo, ante lo cual el Parlamento ni puede caer en el populismo ni tampoco ser ciego ante las ingentes necesidades de los más vulnerables.