La reiterada inasistencia de Hernán Darío Velásquez, conocido como ‘El Paisa’, a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) es un irrespeto a las víctimas, afirmó el procurador general Fernando Carrillo.
El jefe del Ministerio Público señaló que es necesario que el tribunal especial de justicia defina la continuidad de los privilegios jurídicos del exguerrillero, antiguo jefe de columna móvil Teófilo Forero de las Farc, que ejecutó el secuestro de 11 diputados del Valle del Cauca en Cali y el ataque en 2005 al Concejo del municipio de Puerto Rico, Caquetá, en el que fueron asesinados cuatro concejales y el Secretario de la Corporación.
“Yo creo que esto ha llegado a unos niveles de irrespeto con los derechos de las víctimas y con las víctimas mismas, y también con la Justicia Especial para la Paz, con el sistema judicial colombiano y con el Estado colombiano”, sostuvo.
Asimismo añadió que “esto hay que pararlo, yo creo que este señor, que sea serio de una vez por todas, que renuncie a cualquier prerrogativa y que el Estado pueda comenzar a perseguirlo”.
Carrillo afirmó que la justicia no puede vivir “en una situación de interinidad frente a este caso” porque se están vulnerando los derechos de las víctimas del conflicto.
La JEP adelanta en este caso un incidente de verificación de incumplimiento por las reiteradas inasistencias para dar explicaciones y aportar verdad y reparación.
De acuerdo con la JEP, entre las consecuencias de la inasistencia de ‘El Paisa’, está “desde la pérdida de la suspensión de las órdenes de captura, que es el primer beneficio que adquieren estas personas, hasta perder toda posibilidad de sanción propia en la JEP”.
Desde el año pasado se desconoce el paradero de ‘El Paisa’ e ‘Iván Márquez’, jefe negociador de las Farc durante los diálogos de paz de La Habana, luego de que juntos salieran del Espacio Territorial de Miravalle, en Caquetá, por supuestos problemas de seguridad.
Recientemente, Rodrigo Granda, durante una citación con el JEP, justificó que varios de sus ex compañeros de armas no han asistido a rendir versión libre. “Si existiera la ley estatutaria para hacerla valer. Es que nosotros no nos vamos a prestar tampoco a una lapidación, y en ese sentido quienes se sientan perseguidos tienen todo el derecho de proteger su vida mientras tanto”, sostuvo.
Maza y Santofimio
De otra parte, la JEP resolvió que la Corte Suprema de Justicia debe determinar si el exdirector del liquidado Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), Miguel Maza Márquez, y el exministro Alberto Santofimio, condenados por el asesinato del candidato presidencial Luis Carlos Galán, pueden acceder a los beneficios de la jurisdicción especial.
Maza y Santofimio habían solicitado someterse al tribunal especial como agentes de Estado con el propósito de que sus sentencias, a 30 y 24 años de prisión, respectivamente, fueran revisadas por la JEP al argumentar que el crimen de Galán, ocurrido en agosto de 1989, tenía estrecha relación con el conflicto armado.
La decisión en la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas del tribunal especial tuvo una votación de 4 a 3.
Maza Márquez había pedido que la JEP revisara su caso en febrero de 2018. Mientras que Santofimio había pedido ingresar a la jurisdicción especial en junio y, además, solicitó que esta le concediera libertad condicional, con el argumento de que la investidura de congresista que ostentó por más de dos décadas lo convertía automáticamente en un agente del Estado, lo que le permitía presentarse a esta justicia transicional.