- Reforma al Sistema requiere análisis profundo
- Urge evitar una batalla campal en el Congreso
Las regalías son una de las principales fuentes de financiación social en departamentos y municipios. Sin embargo, desde su misma creación estas compensaciones económicas derivadas de la explotación de recursos naturales no renovables han estado en el centro del debate, ya sea porque las redes de corrupción, politiquería y carteles de contratación las convirtieron en su principal botín, o porque cada uno de los últimos gobiernos ha introducido reformas al sistema de distribución e inversión de estos billonarios recursos con el fin de hacer más eficiente, ágil y transparente su uso. Reformas que, dada la sucesión de ellas, no han dado los resultados esperados y de allí los continuos escándalos por la pérdida de estos dineros, proyectos incumplidos, ‘elefantes blancos’ y altos presupuestos congelados en el sistema bancario por demoras en su asignación y ejecución. Múltiples informes del Departamento de Planeación Nacional, así como de la Contraloría, la Fiscalía y la Procuraduría han reiterado las fallas del Sistema General de Regalías (SGR), al tiempo que se cuentan por centenares las sanciones penales, disciplinarias y fiscales derivadas de las actuaciones anómalas de funcionarios públicos y particulares.
La última gran reforma al Sistema se dio en el gobierno Santos, bajo la tesis de que los billonarios recursos de las regalías deberían ser invertidos de forma equitativa en todo el país y no mayoritariamente en las zonas productoras de esos recursos naturales no renovables. El Ministro de Hacienda de la época, para explicar la naturaleza de la modificación, utilizó el símil de untar la “mermelada” (los recursos) en toda la “tostada” (el país) y no solamente en una parte de la misma (regiones productoras de petróleo, carbón, oro, níquel, gas y otros productos naturales no renovables).
Desde el mismo momento en que se planteó tal modificación, los municipios y departamentos que se venían beneficiando preferencialmente con estos billonarios presupuestos expresaron su oposición, afirmando que sus políticas de desarrollo y proyectos de inversión se verían fuertemente afectados por esa disminución en el monto de los giros, situación calamitosa puesto que se trata de regiones con altos niveles de pobreza y desigualdad.
La reforma, sin embargo, fue aprobada por el Congreso en el 2011, aunque desde el mismo momento en que entró en vigencia parlamentarios, gobernadores, alcaldes y dirigentes de las zonas productoras anunciaron que buscarían reversarla lo más pronto posible. Este pulso fue tema de campaña en los comicios presidenciales de 2014 y los regionales de 2015. Incluso, el gobierno anterior aplicó algunas modificaciones posteriores para aumentar en cierto porcentaje los giros a las regiones que se vieron más afectadas por el nuevo sistema de redistribución de las regalías, aunque dichos ajustes no desaparecieron su inconformismo. Ya en la campaña parlamentaria y por la Casa de Nariño el año pasado, el asunto volvió a ponerse en el centro del debate y el entonces candidato Iván Duque se mostró partidario de ajustar de nuevo el sistema para hacer más justicia presupuestal a las zonas productoras sin que ello significará impactar los flujos de inversión en los departamentos y municipios que no tienen en sus territorios yacimientos de minerales o hidrocarburos.
A comienzos de este mes el Gobierno cumplió esa promesa electoral y radicó en el Congreso un acto legislativo en ese sentido. La iniciativa propone que los departamentos y municipios en cuyo territorio se adelante la producción de recursos naturales no renovables, así como los municipios con puertos marítimos y fluviales por donde se transporten dichos recursos o productos derivados de los mismos, tendrán un porcentaje de distribución entre el 30 por ciento y el 50 por ciento del total de los ingresos corrientes del Sistema General de Regalías, manteniendo las inversiones de las zonas no productoras. Para cumplir con esto último se plantea que ese incremento para las regiones productoras resultará de menores gastos de funcionamiento del Sistema y de un nuevo mecanismo de estabilización de ingresos.
En vista de la agitada agenda parlamentaria, el pleito por las objeciones presidenciales al proyecto de ley estatutaria de la JEP así como al receso de la Semana Santa, el análisis de la iniciativa por parte de las distintas bancadas no se ha realizado a profundidad, como tampoco se conocen las opiniones puntuales de los gobernadores y alcaldes. Ya terminando esta primera legislatura es claro que el proyecto tendrá en el segundo semestre el suficiente tiempo para ser evaluado y ajustado, aunque desde ya se prevé un pulso muy intenso en el Legislativo, lo que obligará a la Casa de Nariño y los partidos a la búsqueda de consensos para evitar una batalla campal en pos de la defensa de los intereses regionales. No en vano la “mermelada” de las regalías será de $24,2 billones de pesos para el periodo 2019-2020 en toda la “tostada” nacional.