Las mafias del oro | El Nuevo Siglo
Jueves, 18 de Abril de 2019
  • 10,6 billones de pesos en lavado de activos
  • Alerta de Fiscalía y solicitud al Banrepública

 

 

Hace menos de dos años el país se estremeció cuando se advirtió que el 80 por ciento de la extracción de oro en Colombia se realiza de manera ilegal y buena parte de esa producción y comercio del metal precioso está en manos de organizaciones criminales  que derivan de esta actividad multimillonarios recursos, incluso por encima del propio narcotráfico. Para hacerse solo una idea del alcance de este fenómeno basta con señalar que mientras un kilo de cocaína tiene un precio en Colombia de entre 8 y 10 millones de pesos en su punto de producción, uno de oro puede superar los 130 millones de pesos.

Semanas atrás, en entrevista con este Diario, el comandante de la Brigada del Ejército contra la Minería Ilegal advertía que este flagelo estaba causando un desastre ecológico que afectaba a no menos de 70 mil hectáreas así como a una gran cantidad de ríos, quebradas y fuentes hídricas impactadas por el vertimiento de mercurio en más de 160 municipios. Las disidencias de las Farc, la guerrilla del Eln, el Clan del Golfo y otras bandas criminales emergentes son los mayores protagonistas del negocio ilícito. Incluso muchos nichos de explotación artesanal o informal de oro han sido poco a poco cooptados por estas organizaciones de tipo mafioso que operan en parques naturales, páramos y zonas de reserva, así como en lugares apartados en las orillas de los ríos y minas escondidas selva adentro. Chocó, Antioquia, Cauca, Nariño, Valle, Putumayo, Amazonas, Guainía, el bajo Cauca antioqueño y el sur de Bolívar son las zonas más afectadas.

Como se ve, si bien Colombia está considerada entre las potencias auríferas emergentes la ilegalidad se está llevando una tajada grande en la explotación del mineral precioso, lo que significa que el Estado deja de recibir anualmente un monto significativo de recursos por impuestos y divisas, dineros que, a su vez, deberían retornar a las regiones productoras y no productoras en forma de regalías, situado fiscal o inversión social directa.

Para nadie es un secreto que la industria de la minería es una de las más rentables y, por ende, fuerte en materia de ingresos al fisco. El año pasado, según el último boletín de la Asociación Colombiana de Minería, la inversión extranjera directa en el sector creció 78 por ciento, llegando al monto más alto desde 2014. En materia de oro hubo dos matices: por un lado el incremento en la producción de la minería empresarial de la mano de la ampliación de la operación en el bajo Cauca y, por otro, la reducción de la producción de la minería artesanal e informal debido a los operativos para combatir la extracción ilícita de minerales. En cuanto a las exportaciones del metal precioso, bajaron por cuenta de los mayores controles sobre la ilegalidad.

Pero la lucha contra la explotación ilegal de oro debe ir más allá. A la par de las acciones de la Fuerza Pública para cerrar los socavones y las operaciones a cielo abierto no autorizadas, hay que perseguir toda la estructura de comercialización y lavado de activos de los multimillonarios recursos derivados de este peligroso flagelo. La propia Fiscalía General advierte que la cadena productiva criminal tiene tres eslabones determinantes: la extracción ilegal que afecta gravemente al medio ambiente, la comercialización interna del metal dorado a través de empresas de fachada y la comercialización internacional, lo que ha generado una de las más grandes operaciones de blanqueo de capitales.

En este campo impacta lo advertido por el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, en carta al Ministro de Hacienda, en donde recalca que desde el año 2015 a la fecha el ente acusador ha judicializado cuatro comercializadoras internacionales de oro y más de 50 proveedores nacionales del dorado metal “los cuales habrían efectuado operaciones de lavado de activos por un valor de 10,6 billones de pesos”.

Visto todo ello, es claro que el Gobierno debería estudiar a fondo la solicitud del Fiscal General para que se restablezca en cabeza del Banco de la República el monopolio de la compra de oro en el país, pues por esa vía se le daría un golpe sustancial a una industria ilícita que crece, mientras que la producción legal, que el año pasado llegó a un poco más de 32 toneladas, continúa retrocediendo, lo que resulta un contrasentido en un país que, como se dijo, tiene grandes potenciales auríferos y debería, por el contrario, doblar sus capacidades en el corto plazo, con todo lo que ello implica en materia de preservación del medio ambiente, impuestos, divisas, regalías e inversión social en las regiones. El Ejecutivo tiene la palabra.