¿Proscribirán insultos del debate político?

Foto archivo El Nuevo Siglo

EL NUEVO SIGLO: ¿De dónde surge la propuesta de un “pacto” para evitar las agresiones personales en campaña?

KENNET BURBANO VILLAMARÍN: Este asunto tiene que ver básicamente con lo que hemos tenido que ver los colombianos en los debates políticos de nuestros dirigentes: una serie de agresiones personales, de improperios, de insultos.

Hace poco en el Congreso de la República hubo un enfrentamiento entre una representante del Centro Democrático y otra del partido Farc a quien llamó “terrorista”. Nosotros consideramos que si el Parlamento colombiano es el escenario del debate, ese tipo de procedimientos no se pueden utilizar.

Pero no es el único caso. En un debate sobre víctimas hubo un enfrentamiento verbal tan fuerte que una de las representantes del Polo Democrático salió llorando. Imagínese el grado de agresión.

Entonces, desde el Observatorio Ciudadano Constitucional de la Universidad Libre consideramos que así no se puede construir el debate político, por eso estamos proponiendo un gran pacto de no agresión para proscribir los insultos y las agresiones bajo la lógica de que son bienvenidos siempre los debates y los argumentos, pero sin insultos.

ENS: ¿Y cómo se piensa socializar ese pacto?

KBV: Esta es una propuesta simbólica muy parecida al llamado ‘Pacto Social’ que busca unos consensos mínimos y llamar la atención de nuestros dirigentes políticos en el sentido de que lo que nutre la posibilidad de resolver asuntos, de abordar temáticas, es la deliberación, el debate y el disenso respetuoso, pero no los insultos.

Elaborar un documento para que nuestros dirigentes políticos lo firmen es tanto como hacer un documento exigiendo a los ciudadanos que se comporten bien: difícilmente se puede hacer. Por eso nuestra propuesta es para todos los ciudadanos, pero principalmente nuestros dirigentes que son quienes nos están representando. Y que ese tipo de agresiones verbales en los debates del Congreso de la República, las Asambleas y los Concejos Municipales, no se vuelvan a repetir porque en la ciudadanía queda es el recuerdo de la agresión, del insulto, no de las ideas de fondo.

ENS: ¿Bueno, pero no se supone que el Congreso es el escenario natural de deliberación de los grandes temas nacionales?

KBV: Claro, por eso el Observatorio de Intervención Ciudadana Constitucional lo que está proponiendo es un gran pacto nacional para proscribir la agresión verbal, pero le da la bienvenida a los argumentos, a la dialéctica, al debate, al disenso.

Ahora bien: hablar y comunicarse permite construir consensos pero también permite establecer discrepancias. Bienvenidas las diferencias siempre que sean razonadas, pero es que el insulto no construye, sino que destruye y no permite abordar los argumentos de fondo de los grandes temas nacionales. Eso lo que genera es un efecto negativo en la sociedad.

ENS: ¿En este momento que estamos en campaña cómo debería ser ese pacto de no agresión entre los candidatos?

KBV: Yo creo que puede ser un pacto muy sencillo: hablemos sobre programas, debatamos nuestras propuestas, pero no debatamos sobre lo que yo pienso de usted, o usted de mí. Al ciudadano le interesa es lo que proponen los candidatos para resolver sus problemas. Es decir, que no se aborden los temas personales en las discusiones programáticas.

ENS: ¿Ha recibido respuesta de los candidatos?

KBV: Nosotros, de manera concreta no tenemos un destinatario en particular de esta propuesta, sino que está dirigida para todos los candidatos, y en general para todos nuestros dirigentes políticos. Sabemos que ya muchos de ellos han compartido esta propuesta porque consideran que el momento es muy acertado porque se han dado muchos espectáculos bochornosos que generan vergüenza en la manera como nuestros dirigentes entran en los debates.

La respuesta que nosotros hemos recibido es que, efectivamente, están de acuerdo en que se debe fortalecer el debate de programas, de ideas, y no el insulto personal. Ahora bien, si una persona delinque o ha cometido delitos, serán los jueces los que así lo determinen, no los candidatos ni los dirigentes políticos con sus opiniones personales.