EL NUEVO SIGLO: Aditt está entre los gremios que hacen observaciones a varios artículos del Plan Nacional de Desarrollo, ¿cuáles son las de ustedes?
JOSÉ YESID RODRÍGUEZ: La principal preocupación está centrada en algunas competencias que el Ministerio de Transporte de alguna manera quiere trasladar a las asociaciones de los municipios. Es la que establece el artículo 104 del proyecto que está para segundo debate.
Esas atribuciones no son recibidas bien por el sector por cuanto la competencia siempre ha estado en cabeza del Ministerio de Transporte para los municipios continuos y para los municipios conurbados por ser transporte intermunicipal.
Digamos que a lo largo de los años de alguna manera el Ministerio ha sido el organismo técnico que ha analizado una regulación en esa zona. Entonces estamos solicitando que no se incluya ese artículo, que se mantenga la regulación que tiene el Ministerio de Transporte actualmente.
ENS: ¿Qué otros reparos tiene el transporte intermunicipal al proyecto del Plan de Desarrollo?
JYR: Otro tema es el que tiene que ver con una subordinación que se pretende realizar en el artículo 103, y es en lo que tiene que ver con subordinar los planes de movilidad de los municipios que forman un área metropolitana al plan de movilidad del área metropolitana. Si bien es cierto debe haber una articulación entre los planes de movilidad, no se puede establecer que se someta la autonomía de los municipios a la autonomía de las áreas metropolitanas en materia de transporte, porque a pesar de que los municipios puedan pertenecer a un área metropolitana, también tienen necesidades específicas y tienen una autonomía para el manejo de su transporte.
ENS: También tienen reparos al Plan acerca de una tasa que paga el sector…
JYR: Se refiere a una contribución que prestamos como sector de transporte o tasa de vigilancia para la Superintendencia de Transporte. En este momento hay un leve incremento de esa tasa, del 0.20 al 0.21, sobre los ingresos brutos de las empresas para el pago de esa tasa y por otro lado el tema de la multas se quiere llevar también para la Superintendencia de Puertos y Transporte.
Hay otro tema que es crítico también y es que es necesario dar alcance a lo que se llama en el artículo 301 las zonas diferenciales para el transporte. Digamos que se deben incorporar unos elementos técnicos que permitan tener claramente cuáles son esas zonas. Eso debe basarse en unos estudios que desarrolle el Ministerio de Transporte donde tengamos unas características geográficas, económicas, sociales para poder entrar a determinar que no se afecten los actuales prestadores legales de servicios en esas zonas y para evitar que como transportadores legales no sea una herramienta para desplazar a los que actualmente estamos prestando ese servicio.
ENS: ¿Tiene el sector un estimado de pérdidas por los constantes paros nacionales o regionales, como fue el caso de la Minga indígena y la movilización que educadores y centrales obreras plantean para hoy?
JYR: Podemos decir que por lo menos en el último paro de la Minga indígena que afectó gravemente los departamentos de Cauca, Nariño y parte del Valle, sobre todo a las empresas transportadoras que regularmente prestan el servicio allá, tuvimos unos estimativos de pérdidas cercanas a los $20 mil millones. Prácticamente fueron 20 días que el transporte no pudo operar en esas zonas de manera regular y continua.
Todos estos paros y mingas están afectando siempre la movilidad del transporte de pasajeros, la movilidad de carga, o sea todo el sector de transporte está siendo afectado cada vez que se producen estas protestas sociales, pues no tanto la protesta como el bloqueo de la vía que es clave para la economía de una región.
ENS: ¿Qué piensa el gremio del transporte intermunicipal acerca del paro nacional de hoy?
JYR: Nosotros como transportadores intermunicipales siendo autorizados por el Estado no estamos en condiciones de entrar en este tipo de protestas, respetamos la protesta social. Y lo que solicitamos es que se dé la protesta social en el marco de la legalidad, de la Constitución, y no se afecte el derecho a la movilidad y se bloqueen las vías.