- Máxima articulación contra Covid-19
- Unidad de mando ante la ciudadanía
La unidad de mando es un elemento trascendental para enfrentar la emergencia sanitaria que atraviesa Colombia por cuenta de la pandemia del Covid-19, que hoy es posible que bordee ya los mil casos confirmados y se acerque, lamentablemente, a la veintena de muertes, con la novedad de que ya se pasó de la fase de contención a la de mitigación, puesto que en más de un diez por ciento de las personas infectadas no está claro el nexo epidemiológico.
Desde el comienzo de esta crisis hemos insistido en que se requiere que el plan de contingencia esté claramente estructurado y jerarquizado, no solo en cuanto a las políticas y protocolos de salud pública, sino en lo referente a la articulación institucional entre los gobiernos del orden nacional, departamental, distrital y municipal. Sin ello es imposible poner en práctica y obtener los resultados esperados del conjunto de medidas multisectoriales activadas para hacer frente a esta inédita y muy grave coyuntura.
Dicha articulación institucional es más imperativa si se tiene en cuenta lo ocurrido días atrás cuando se alcanzó a generar un conato de cortocircuito entre la estrategia de la Casa de Nariño y las directrices de algunos gobernadores y alcaldes, por ejemplo en temas como las primeras restricciones a la movilidad ciudadana así como a las actividades productivas con el fin de contener la curva de contagios en esa primera fase. Afortunadamente el Presidente de la República, los gobernadores y los alcaldes lograron superar rápidamente el desencuentro funcional y acordar que todo el mecanismo de respuesta sanitaria y de alivio socioeconómico estaría, como lo dispone el ordenamiento constitucional y legal, bajo la dirección exclusiva del Jefe de Estado, en coordinación lógica y funcional con los demás niveles de la administración pública.
Ese esquema facultativo ha generado que el plan de respuesta a la emergencia sanitaria se esté implementando de manera relativamente eficiente, aunque -como lo hemos advertido en estas columnas- hay algunos decretos cuya aplicación práctica se ha demorado de manera preocupante, especialmente en lo relativo al fondeo presupuestal de hospitales y clínicas, las líneas de apoyo económico para las empresas y una parte de la entrega de subsidios focalizados a las familias y hogares más vulnerables.
Sin embargo, ayer pareció evidenciarse una disparidad de criterios entre la Alcaldía de Bogotá y la Presidencia de la República, luego de que la titular de la primera afirmara que existía la posibilidad de que la cuarentena obligatoria pudiera extenderse hasta junio, según fuera evolucionando el brote epidémico. El jefe del Ejecutivo aclaró que todavía es muy temprano para vislumbrar por cuánto tiempo estará vigente el confinamiento social, aunque en todas sus intervenciones sobre esta emergencia ha sido claro que la crisis no terminará el próximo 13 de abril, sino que algunas de las medidas adoptadas podrían extenderse por varios meses, sin precisar cuáles ni el lapso adicional.
Como es apenas obvio, dada la velocidad con que circula la información en las redes sociales y la creciente preocupación ciudadana y de los sectores económicos por los graves efectos en materia sanitaria y en la productividad que está teniendo la epidemia, en muchas instancias se habló de un cortocircuito grave entre la Casa de Nariño y el Palacio Liévano, más aun tratándose de un tema muy sensible como la duración de la cuarentena. Sin embargo, en el fondo no hay tal: tanto el mandatario nacional como la distrital coinciden en que esta emergencia va para largo, y eso evidencia que están trabajando sobre el mismo diagnóstico y marco de previsiones. Ahora, el problema radica en que tratándose de un asunto tan delicado como lo es la vigencia del aislamiento social lo mejor sería que los pronósticos sobre la duración del mismo no se anuncien de forma unilateral e inconsulta, sino que, por el contrario, sea el Jefe de Estado, por tratarse de una restricción a nivel nacional, el que fije las directrices al respecto, obviamente teniendo en cuenta la opinión y los criterios de los gobernadores y los alcaldes.
Como se dijo al comienzo, la unidad de mando es clave para poder aumentar la eficiencia del plan de contingencia. Una política coherente, unificada y jerarquizada, que respete los roles funcionales de cada instancia de la administración pública, resulta determinante para que la ciudadanía entienda y acate rápida y conscientemente los lineamientos de las autoridades. Recibir informaciones discordantes o inciertas sobre temas clave de la crisis, lleva a las personas a plantear dudas sobre la credibilidad de las instrucciones oficiales e incluso utilizar el vacío como excusa para incumplirlas.
La unidad de criterios entre la Presidencia de la República y la Alcaldía de Bogotá es primordial para enfrentar con margen de solvencia el desafío del Covid-19. Los esfuerzos de los gobiernos Nacional y Distrital serán más efectivos en la medida en que su nivel de articulación y coordinación sea el mayor posible y el mensaje a la ciudadanía uno solo.