El crimen no da tregua | El Nuevo Siglo
Lunes, 6 de Abril de 2020
  • La escalada de asesinatos de líderes sociales
  • Redoblar persecución a facciones victimarias

 

La seguidilla de asesinatos de líderes sociales, lamentablemente, no se detiene. Prueba de ello es que durante el tiempo que el país ha estado en cuarentena general, como fórmula para evitar un alto índice de propagación del Covid-19, por lo menos ocho personas que ejercían algún tipo de rol defendiendo causas indígenas, campesinas, comunitarias, ambientales o de derechos humanos fueron blanco de ataques mortales. El panorama es más complicado si se le suman los casos de desmovilizados de las Farc que también perdieron la vida a mano de sicarios.

Es evidente que si bien todo el país está volcado a implementar el plan de contingencia activado para limitar los casos de contagio y muertes por este coronavirus, los factores de delincuencia común y organizada siguen operando. Ya el Ministerio de Defensa había advertido al respecto, señalando que la Fuerza Pública seguía combatiendo sin cuartel a los grupos narcotraficantes, de minería criminal, contrabando, microtráfico y otras manifestaciones ilegales que trataban de aprovecharse de la emergencia sanitaria para aumentar su accionar violento e ilícito. De allí que todo el personal militar y policial, si bien está colaborando de manera comprometida  con los procedimientos para hacer cumplir la cuarentena y apoyar las medidas de asistencia a los sectores más vulnerables, no baja la guardia en la lucha contra el crimen.

Si se analizan las hipótesis que las autoridades manejan en torno a los móviles de los asesinatos de líderes sociales en las semanas recientes se evidencia que señalan a los mismos grupos de victimarios que han estado detrás de la escalada mortal en los últimos tres años. Es decir, que las sospechas conducen principalmente a guerrilleros del Eln, disidencias de las Farc y bandas criminales de alto espectro como ‘Clan de Golfo’, ‘Los Caparrapos’ y ‘Los Pelusos’, entre otras facciones ya conocidas.

Según lo advertido por el Ministerio del Interior, la Unidad Nacional de Protección y otras autoridades, en la mayoría de los recientes crímenes contra líderes sociales las víctimas no habían denunciado algún nivel de peligro ni tenían medidas de protección especiales. Esta circunstancia pone de presente que los ataques contra quienes ejercen roles de vocería o de defensa de distintas causas en las comunidades se están perpetrando de manera indiscriminada y con el claro objetivo de atemorizar a la población y mantenerla sometida al imperio de las facciones delincuenciales, sobre todo para proteger operaciones de narcotráfico, minería criminal, extorsión, contrabando, tala de bosques, robo de combustibles y otros delitos de índole local y regional.

Si bien es cierto que desde Naciones Unidas y varias organizaciones no gubernamentales que trabajan en la defensa de los derechos humanos se advirtió semanas atrás que el esfuerzo del Estado colombiano para contener la epidemia no debería llevar a debilitar el nivel de protección individual y colectiva de los líderes sociales, las autoridades han sido claras en torno a que en modo alguno se ha reducido el número de escoltas y medidas de seguridad a los personajes protegidos. Por el contrario, incluso en el marco de la emergencia sanitaria se están aumentando los esquemas de protección a personas amenazadas, situándolos incluso en su propia residencia dada la orden general de confinamiento de toda la población en sus casas.

Como lo hemos reiterado en estas páginas, gran parte de la efectividad de los planes de seguridad para protección de líderes sociales depende de la diligencia de los alcaldes y de las propias organizaciones no gubernamentales que trabajan en las regiones. En la medida en que estas dos instancias identifiquen a quienes ejercen estas labores de liderazgo en sus comunidades y se les practique de forma rápida los estudios sobre el nivel del riesgo al que están expuestos, la probabilidad de que sean blanco de los actores criminales se reduce ostensiblemente. Los propios líderes también deben ser conscientes de los peligros y pedir oportunamente a las autoridades los mecanismos de amparo necesarios para poder seguir adelantando su labor sin poner en riesgo sus vidas y las de sus familias.

Adicional a lo anterior, es imperativo que el Estado redoble la persecución y judicialización de las estructuras subversivas y de  bandas criminales de alto espectro, ya que mientras estas no sean neutralizadas de una forma más contundente será muy difícil terminar con el desangre en muchos departamentos y municipios. Sólo en la medida en que la institucionalidad y la fuerza legítima se consoliden en los municipios de forma permanente y eficaz, se podrá frenar la racha mortal contra el liderazgo social, campesino, indígena, ambiental, comunitario y de derechos humanos. Un propósito en el que es clave que la Fiscalía y los jueces ejerzan un papel más activo para agilizar la detención y condena de los victimarios, no sólo en el nivel de los actores materiales sino en el de los intelectuales, más aun teniendo ya en claro cuáles son los cabecillas de las organizaciones que más asesinan a estas personas y estando de por medio millonarias recompensas por su captura.