El  Fiscal del Distrito Sur de New York y el del Distrito Sur de la Florida le han formulado cargos por narcotráfico, lavado de activos y otras formas de corrupción a 15 miembros del régimen espurio de Venezuela cuya lista encabezan Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia y el Ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, entre otros, a quienes acusan de utilizar a Venezuela como ruta de tránsito, de permitir sobornos y de facilitar el narcotráfico hacia los Estados Unidos. El Fiscal General de los Estados Unidos dice que se trata de una estructura de criminalidad que ha devastado a Venezuela.

La reacción de Maduro no se hizo esperar y profirió toda clase de epítetos descalificatorios contra Donald Trump y lo que él llama oligarquía colombiana. Se debe aclarar que los cargos que se les imputan no los presentan representantes del Gobierno, sino fiscales federales, es decir, la justicia de los Estados Unidos, cuya investigación duró -según se informa- cerca de diez años.

De acuerdo con lo anterior cualquier observador espontáneo se puede preguntar por qué los cargos se formulan en medio de la pandemia del coronavirus Covid-19, que está azotando al mundo, y que obliga a todas las autoridades y gobiernos a concentrar sus esfuerzos en la contención de la propagación del virus. Se puede pensar que una cosa son las actuaciones del Gobierno y otras son las decisiones de los funcionarios judiciales que manejan sus propios tiempos y no dependen de las coyunturas, aunque el fiscal general hace parte del Gobierno de dicho país.

Por otra parte, la solución de la crisis de Venezuela pasa por la posibilidad de que haya elecciones libres, desprovistas de la nefasta influencia del Gobierno y que sean coordinadas por un órgano electoral realmente independiente que no sea visto como una dependencia del Ejecutivo. Al Gobierno de Maduro lo considera ilegítimo un sector grande de la comunidad internacional precisamente por la falta de transparencia de la autoridad electoral, a la que la oposición responsabiliza de manipular los resultados electorales.

Pero Maduro y su corte no quiere ceder en nada. Si fuere cierto que tiene las mayorías en Venezuela -lo que es contraevidente- por qué no permite que se recomponga el consejo electoral y se convoque a elecciones con vigilancia internacional cuyo resultado, cualquiera que sea, debe ser respetado por las partes. La legitimidad de los gobiernos democráticos descansa en aceptar el veredicto de las mayorías. Por ello el Gobierno del vecino país es tachado de ilegítimo.

Así las cosas, se puede concluir que el régimen que gobierna a la hermana república no está dispuesto a ceder el más mínimo espacio de poder hasta hoy, ni a hacerle concesiones a las expresiones del sistema democrático que puedan relegitimarlo. Esta actitud obstinada parece cerrarle los espacios a cualquier fórmula de entendimiento por las vías democráticas, y eso es precisamente lo que no tolera la comunidad internacional.