Al menos siete indígenas, entre ellos un menor de 17 años, quedaron heridos tras ser baleados durante una manifestación contra la violencia en el suroeste de Colombia, denunciaron autoridades este jueves.

Las comunidades originarias del departamento del Cauca estaban protestando en rechazo del asesinato de la gobernadora indígena Sandra Liliana Peña, perpetrado la víspera. 

Los manifestantes "fueron atacados con ráfagas de fusil por grupos armados ilegales", indicó en un boletín el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC).

En el hospital del municipio aledaño, Santander de Quilichao, ingresaron siete heridos, de acuerdo con el ejército. 

Sin embargo, el CRIC asegura que los heridos se elevan a 31. 

Los indígenas y líderes de derechos humanos en Colombia son víctimas frecuentes de grupos armados financiados por el narcotráfico, que se disputan el control de zonas estratégicas para el negocio de la droga. 

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Por su parte, el general del ejército Marco Mayorga aseguró que las personas fueron heridas en medio de "una confrontación entre las comunidades indígenas y las campesinas", a pesar de que sus tropas intentan tomar el control en la zona.

"Debe aclararse que ha sido la guardia indígena que no ha facilitado el desarrollo de estas coordinaciones (...) Se han presentado intentos de asonada en contra de la fuerza pública para no permitir las acciones institucionales", añadió.

El departamento del Cauca es uno de los más afectados por los narcocultivos, con mas de 17.300 hectáreas sembradas, según el último informe de la ONU (2019). 

Las regiones apartadas del país sufren la peor arremetida de grupos armados desde que se firmó la paz con la que fuera la guerrilla más poderosa de América, las FARC.

Expertos acusan al Estado de no haber llegado a los territorios dejados por los rebeldes, lo que facilitó la consolidación de otros grupos armados.

Aunque el acuerdo de paz redujo sensiblemente la violencia, Colombia aún no consigue superar un conflicto que en seis décadas dejó más de nueve millones de víctimas entre muertos, desaparecidos y desplazados.

Disidentes de las FARC, rebeldes del ELN, la última guerrilla reconocida en Colombia, y bandas narcotraficantes de origen paramilitar se disputan en la actualidad las rutas para exportar cocaína, las rentas de la minería ilegal y la extorsión.