Off the record

Foto Cámara

100 mil firmas ya

Sigue en su cruzada la representante a la Cámara bogotana por  la Alianza Verde, Katherine Miranda, quien semanas atrás propuso, antes de que se conociera el texto del proyecto de reforma tributaria, que las iglesias de todos los cultos y confesiones religiosas entraran a pagar impuestos. La propuesta generó un gran debate, sobre todo por la oposición de los voceros de partidos como Mira y Colombia Justa Libres, ambos de origen cristiano, que no solo indicaron que esas organizaciones sí pagan distintos tributos al fisco, sino que además sus seguidores también lo hacen de manera individual. Sin embargo, Miranda insiste en su tesis y prueba de ello es que emprendió una campaña para recoger firmas que respalden su idea y el miércoles pasado informó que ya más de 100 mil personas firmaron la petición para que las iglesias paguen impuestos.

30% menos

En medio del debate a la controvertida reforma tributaria el senador uribista John Harold Suárez defendió la necesidad de aprobar ahora un ajuste en este campo. Incluso alabó la responsabilidad fiscal del actual Ejecutivo pues “… en un año preelectoral como el actual lo más conveniente para un gobierno, desde el punto de vista estrictamente político, sería no tomar ninguna decisión en el tema tributario y dejar en manos del próximo presidente la responsabilidad de realizar los ajustes necesarios a las finanzas de la nación con el fin de garantizar la sostenibilidad de los programas sociales”. Recordó que el Centro Democrático ha propuesto en más de tres ocasiones al Congreso la reducción en el número de parlamentarios y sus salarios, “pero la oposición ha hundido estas iniciativas”. Las cuentas de Suárez son las siguientes: reducir el 30% de los miembros de las corporaciones públicas, que cuentan hoy con 279 congresistas, 418 diputados y 12.063 concejales. También propuso eliminar consejerías así como fusionar o acabar las 67 contralorías territoriales.

Contra la coca

Un ex alto mando policial está pensando en pedirles a las asociaciones de exintegrantes de la Fuerza Pública que se pongan al frente de una campaña para forzar al Congreso a hundir el proyecto de ley que fue aprobado esta semana en la  Comisión Primera del Senado de la República estableciendo el marco regulatorio para la producción de la hoja de coca y sus derivados. “… Son miles y miles los soldados, policías, oficiales, suboficiales, erradicadores civiles y campesinos que han sido asesinados por narcotraficantes, paramilitares y guerrilleros en las últimas décadas… A todos ellos les debemos el honor de evitar que algunas ‘mentes creativas’ crean ahora que la hoja de coca se puede legalizar y que el sacrificio de tantas miles de vidas fue en vano”, precisó el alto oficial retirado, en mensaje a esta Sección.

Campanazo

A propósito de ese debate, les quedó sonando a no pocos congresistas la advertencia hecha por la senadora conservadora Esperanza Andrade, quien aseguró que no compartía el objeto tan extenso del proyecto y recordó que la Convención Única sobre Estupefacientes (de 1961) de las Naciones Unidas prohíbe la comercialización de la coca, lo cual debe ser cumplido por Colombia, ya que es un país signatario de la misma. Por eso en la plenaria se pedirá a la Cancillería y el Ministerio de Justicia que precisen al respecto.