• Los preocupantes informes del DANE
• No enredarse en el debate de porcentajes

En su último discurso de instalación del Congreso, el 20 de julio de 2018, el entonces saliente presidente Juan Manuel Santos hizo un largo corte de cuentas sobre las ejecutorias de sus ocho años de mandato. Allí dijo que la pobreza por ingresos (también llamada monetaria), que afectaba al 40% de la población cuando se posesionó, la dejaba por debajo del 27%. Agregó que su Gobierno había ido más allá de los cánones establecidos para combatir este flagelo, focalizando mejor la inversión social, al tiempo que aplicó una medición más estricta, rigurosa e integral: el índice de pobreza multidimensional desarrollado por el profesor y Premio Nobel de Economía, Amartya Sen.

Según el Mandatario, que estaba pronto a entregar el poder, de acuerdo con este índice, en cuya aplicación Colombia había sido pionera, entre 2010 y 2017, 5,4 millones de colombianos superaron la pobreza. Incluso agregó que se había avanzado más que cualquier país de América Latina, en disminuir la desigualdad, ya que los ingresos del quintil más pobre de la población crecieron, en proporción, 16 veces más que los del quintil más rico.

10 meses después de ese discurso presidencial el DANE reveló, el viernes pasado, un informe según el cual en 2018 la pobreza multidimensional fue de 19,6% a nivel nacional. Se trata de un porcentaje mayor al 17,8% que se registró en 2016. En otras palabras, en menos de dos años este indicador creció 1,8 puntos porcentuales. Es decir que más de 1,1 millones de personas entraron a la pobreza multidimensional.

La misma entidad también reveló que en 2018 la pobreza monetaria fue 0,1 puntos porcentuales más que la registrada en 2017 cuando se ubicó en 26,9%. De igual manera, el año pasado la pobreza monetaria extrema fue 0,2 puntos porcentuales menos que la registrada en 2017, cuando fue 7,4%. Esto significa que en el lapso analizado, 190 mil personas entraron a la pobreza monetaria y solo 26 mil colombianos salieron de la pobreza extrema.

Como siempre ocurre cuando se revelan los datos de pobreza, ya sea la monetaria o la multidimensional, en medio de ese maremagno de cifras y porcentajes se suscitan una serie de debates e interpretaciones estadísticas que no en pocas ocasiones están fuertemente cargadas de parcialidad. Pero incluso por encima de esas intrincadas discusiones la conclusión más realista se dirige a que, en el mejor de los casos, las tasas de reducción de los colombianos pobres se desaceleraron o, en el peor, aumentó el número de estos.

No en pocas ocasiones hemos advertido en estas páginas que siendo objetivos no se le puede pedir a una economía que apenas creció el año pasado al 2,7% en cuanto al Producto Interno Bruto (PIB) y que en 2017 lo había hecho a un todavía más modesto 1,4%, que genere la suficiente plusvalía productiva como para impactar de forma sustancial la calidad de vida, sobre todo de los sectores poblacionales más vulnerables. También es claro, como lo han reiterado no pocos informes nacionales e internacionales, que si bien en Colombia hay una estructura amplia de subsidios directos o indirectos, una parte de ellos tiene una focalización bastante deficiente, lo que impide que esas herramientas asistenciales puedan beneficiar de forma más tangible a quienes hoy padecen un mayor número de necesidades básicas insatisfechas.

El actual Gobierno ha puesto la lucha contra la pobreza como uno de las prioridades de su gestión. Es más, en el marco del Plan de Desarrollo aprobado esta semana por el Congreso, denominado ‘Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad’, se prevé una inversión social superior a los $510 billones. Ese flujo de recursos tiene entre sus principales metas sacar de la pobreza a cerca de 3 millones de colombianos así como a 1,5 millones de personas de la pobreza extrema.

Como ya se dijo, no se trata de enredar al país en un confuso debate estadístico e interpretativo sobre las cifras de pobreza y lo que se propone y cumple efectivamente cada gobierno. Existen unas realidades sociales y económicas que no se pueden negar ni desaparecen por cuenta del muchas veces caprichoso juego de los porcentajes. La batalla contra la pobreza no avanza en el campo positivo que se creía y las cifras del DANE el viernes pasado así lo confirman.

Es dable, entonces, dar una alerta general al respecto y solicitar al Ejecutivo actual -que apenas si estuvo en el poder por cinco meses del año pasado- respuestas claras en torno a si las metas que se plantea en su nuevo Plan tendrán la suficiente eficacia para enfrentar una situación tan preocupante en torno al avance de pobreza en el país. Urge un debate franco y propositivo al respecto.