Algunos consideran que se abriría puerta para que congresistas dirijan los recursos a regiones donde tienen votos

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Una cascada de críticas y temores por los efectos que podría tener eventualmente en la politización del gasto público, se escucharon ayer, comenzando por el Gobierno, después de que la plenaria de la Cámara aprobara en sexto debate el proyecto de reforma constitucional para que los congresistas puedan incidir en el destino del 20% del presupuesto de inversión. Algunos consideran que esto sería antitécnico y otros que se estaría constitucionalizando la llamada ‘mermelada’.

El exministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, indicó que “el presupuesto de inversión son $46,8 billones, si se divide en más o menos 300 congresistas, a cada uno le tocaría $30.000 millones. Eso es darle una empresa cada año de $30.000 millones a un congresista para que reparta”.

En este sentido, el exministro se preguntó cuántos impuestos “se necesitarían para sostenerle a cada congresista $30.000 millones”. Añadió que si no se hace a través de impuestos “esto sería más déficit, más deuda para que los señores congresistas gasten. Esto es un despropósito”.

Dijo que ante la perspectiva de que haya $9 billones para que los congresistas digan dónde invertirlos, “la gente va a matar por un puesto en el Congreso”. Consideró Echeverry que “esta sería la peor decisión económica en medio siglo desde el presidente Carlos Lleras”, que fue quien reglamentó la relación de los auxilios parlamentarios con el Congreso.

El Gobierno se mostró en desacuerdo con esta iniciativa, en ese sentido el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, dijo que “reconocemos el valor del Congreso, pero creemos inconveniente que se apruebe esta reforma porque genera descontrol en el manejo de la inversión pública del Estado, que se coordina con un Plan Nacional de Desarrollo, que los congresistas aprobaron”.

Agregó que “apoyamos y aplaudimos la iniciativa parlamentaria en el sentido de proponer obras, lo que no puede ser es que ello no se acuerde con el Gobierno nacional”.

Destacó Londoño que es una función del Gobierno nacional coordinar con las entidades y hacer una distribución eficiente de los recursos. “Darle 20% de decisión al Congreso puede llevar a situaciones en las que nos gastemos todos los recursos en acciones específicas y se los quitemos a otras”, señaló.

Por su parte el representante a la Cámara por el Centro Democrático, Gabriel Santos, indicó que el pasado lunes presentó una proposición para que se archivara esta reforma constitucional porque a su juicio el criterio político no debe marcar la inversión de recursos de la Nación.

Santos previno que “estamos frente a la normalización y constitucionalización de la ‘mermelada’, y eso tendría unas consecuencias nefastas desde el punto de vista que se mire, incluso de la renovación política”. Santos contradijo el propósito que enuncia la iniciativa que los parlamentarios harían dirigir esos recursos de inversión en proyectos urgentes en las regiones que necesitan, pues a su juicio lo que terminaría pasando es que “esto va a tener el criterio político de que llevo plata donde tengo votos”.

En tanto que el exministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo, dijo a EL NUEVO SIGLO que “es un disparate mayúsculo, y lamento que hasta ahora, hasta la sexta vuelta, el Gobierno llame la atención sobre lo inconveniente que esto sería. En primer lugar porque gran parte de los escasos recursos de inversión están comprometidos por ley y por Constitución”.

“Las disponibilidades de libre asignación de la inversión no son más de 8% o 9% de todos los recursos, los otros ya están comprometidos. Entonces de dónde van a salir para que los parlamentarios asignen 20% de platas que ya están comprometidas por Constitución y ley”, cuestión el exministro.

Además Restrepo consideró que esta reforma generaría “un gran desorden, sería prácticamente una distribución en una gran piñata parlamentaria de los pocos recursos que están quedando para inversión en estos momentos”

En una columna en El Tiempo, Carlos Caballero Argáez, ex codirector del Banco de la República, dijo que este proyecto de reforma “cambia de tajo el manejo presupuestal y las normas que se incluyeron en la reforma de 1945 y, muy especialmente, en la de 1968 (...). En plata blanca, (se trata) de la autorización para que el Congreso cambie el presupuesto de inversión sin el visto bueno del Ministerio de Hacienda”.

Defienden la iniciativa

El autor de esta propuesta de reforma constitucional es el representante a la Cámara por el Polo, Germán Navas, quien explicó “que de toda esa suma que se va a repartir” por qué no permitir que un 20% el Congreso mismo en sesiones formales “haga las asignaciones. Así todo el mundo sabe qué le dieron a cada quién y qué le dieron a cada región”.

Mientras que el representante a la Cámara por Cambio Radical, César Lorduy, indicó que si bien el Presupuesto General de la Nación es de iniciativa del Gobierno, el Congreso es el que lo aprueba. Dijo que esta iniciativa lo que hace es “develar lo que de una manera u otra, de manera oculta, hipócrita y casi corrupta se ha venido manejando hace muchos años en Colombia”. Añadió que son los congresistas los que conocen a fondo las necesidades de las regiones que representan, y lo más lógico que podría existir es que puedan señalar, indicar, sugerir, recomendar partidas presupuestales para inversión, no para gasto”.

Reforma política

En la reforma política que el Gobierno dejará hundir porque se excluyó la obligatoriedad de las listas cerradas, en uno de los cuatro debates que ha sido aprobada, el Centro Democrático hizo una proposición que recibió el sí del Senado para que el Congreso incidiera en el presupuesto de inversión.

En este sentido, la iniciativa de reforma política señala que “por lo menos una quinta parte del presupuesto nacional de inversión se denominará Inversión de Iniciativa Congresional. El Congreso de la República, por iniciativa de sus miembros y con aprobación de las plenarias, podrá solicitar la inversión en proyectos específicos que previamente hayan sido aprobados por el Departamento Nacional de Planeación o priorizados en los Planes de Desarrollo Departamentales, Distritales o Municipales. En todo caso, en la sustentación de la solicitud de inversión, los congresistas tendrán el deber de hacer públicas las gestiones que hagan relacionadas con el presupuesto y estas tendrán que cumplir con los principios de eficiencia, transparencia y participación ciudadana”.