- Dos decisiones judiciales que impactan
- La procedencia urgente de las apelaciones
Las decisiones de la justicia son para acatarlas y desde estas páginas siempre hemos defendido el respeto por la ley y la institucionalidad. Como también hemos sido enfáticos en cuanto a que cuando las decisiones de los jueces y magistrados no son procedentes, entonces corresponde a las autoridades o los particulares, según sea el caso, acudir a todas las instancias posibles y a cuantos recursos se tengan a la mano, dentro del amplio número de herramientas que permite nuestra normatividad y el respeto al debido proceso, para lograr la rectificación de esos fallos y órdenes jurisdiccionales.
Los bogotanos y gran parte de la opinión pública nacional se han visto sorprendidos en los últimos días por algunas determinaciones judiciales impactantes. De un lado, un juez denegó la pretensión del Distrito para que los condenados hermanos Nule indemnizarán a la ciudad por los perjuicios ocasionados debido a las demoras en la construcción de la tercera fase de Transmilenio por la Calle 26, obra que terminó imbuida en todo el escándalo del ‘carrusel de la contratación’, el más grave de las últimas décadas en la urbe capitalina. Según el juez del caso, no se demostró la conexidad directa entre los delitos cometidos por los cuestionados empresarios y el perjuicio alegado por la Administración de la capital del país. Como era apenas obvio, de inmediato, en cabeza del propio alcalde Enrique Peñalosa, se anunció la disconformidad con dicho fallo, que será apelado con respaldo de varias entidades del orden local y nacional.
Pero no fue la única decisión judicial que ha causado inquietud. Otro juez determinó mantener suspendido el proceso de adjudicación de la construcción de la troncal de Transmilenio por la Carrera Séptima, una obra que la Alcaldía considera urgente y prioritaria dentro del plan para mejorar la movilidad vial de la ciudad, sobre todo en las zonas centro y norte.
De inmediato el alcalde Peñalosa anunció que la Administración apelará la decisión del juzgado bajo la tesis de que la misma no tiene ningún sustento técnico o legal y se tomó desconociendo de estudios y diseños que la ciudad ha desarrollado durante más de una década. Puntualizó que con decisiones como estas se estaría condenando a medio millón de personas que ya no podrán ahorrarse una hora y media en sus tiempos de desplazamiento cada día. De igual manera se dejarían de generar más de 20.000 empleos y los bogotanos perderían más de 500.000 millones de pesos, que es lo que se ha invertido en predios, diseños y lo que costarían las demandas de los proponentes por el costo que implicó para ellos la presentación de sus propuestas.
Pero la cuestión va más allá puesto que el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) advirtió que una gran parte de las ocho torres que conforman el exclusivo conjunto residencial Altos de La Cabrera, que hoy tienen suspendida la licitación de la construcción de la troncal, están construidas sobre una zona de reserva vial.
El inconformismo no es solo de la Administración. Por ejemplo, la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), sin duda uno de los gremios más importantes del país, advirtió el viernes pasado que si bien es respetuosa de las decisiones judiciales, considera que la afectación a proyectos de infraestructura en beneficio del interés general, previstos en los planes de desarrollo territorial propuestos por mandatarios democráticamente elegidos, es una delicada circunstancia que pone en peligro, no solamente la división de poderes, sino también el progreso de las ciudades. Este es el caso, dijo el gremio, de la medida cautelar decretada por el juez en el caso del proyecto de Transmilenio por la Séptima. Agregó que este tipo de decisiones judiciales, proferidas en el marco de acciones populares promovidas por particulares, crea inseguridad jurídica para los inversionistas y afecta gravemente la movilidad presente y futura de la capital.
A su turno, la Cámara de Comercio de Bogotá consideró que los análisis y revisiones que se están adelantando por cuenta de los procesos ante instancias judiciales deben basarse en criterios jurídicos y técnicos, orientados a garantizar los principios de planeación, transparencia, economía y eficiencia. Agregó que las medidas preventivas de suspensión de algunas obras afectan el ciclo de los proyectos y generan retrasos, que ponen en riesgo su continuidad, cuando las autoridades judiciales no han decidido aún de fondo sobre el incumplimiento o violación de disposiciones legales.
Como lo dijimos al comienzo: las decisiones judiciales deben acatarse. Pero cuando se considera que estas no son procedentes es necesario acudir a todos los mecanismos y recursos a la mano para procurar su rectificación y que prevalezca el principio del interés general sobre el particular, siempre dentro del más estricto respeto al Estado de Derecho.