Bogotá le gana a la pobreza

  • Eficiencia objetiva de administración Peñalosa
  • Rechazar la ‘guerra jurídica’ contra el progreso

 

Más allá de lo que dicen las encuestas en cuanto a su bajo nivel de popularidad, los resultados de la gestión de Enrique Peñalosa en la Alcaldía de Bogotá son innegables. Faltando un poco más de siete meses para que termine su segundo mandato es claro que la ciudad ha avanzado de forma sustancial en distintos frentes pero sobre todo en el que a finales de 2015 era el más urgente: la reinstitucionalización de la capital del país. Todos recuerdan que tras 12 años en manos de la izquierda, que estuvieron marcados por el escándalo de corrupción más grave de las últimas décadas en la urbe y las más críticas y accidentadas gestiones de esta centuria, Bogotá naufragaba en la ingobernabilidad y el retroceso político, económico y social.

La actual Administración distrital le devolvió a la ciudadanía el importante y trascendental activo de tener un norte claro, un aparato institucional sólido y enfocado en cumplir las metas definidas, la vocación de apostar por obras y proyectos de alto calado para el mediano y largo plazos, y, ante todo, la tranquilidad de una hoja de ruta gubernamental estructurada, ajena por completo a esas aciagas épocas en que el capricho del mandatario de turno y la excesiva y nociva ideologización política de la gestión mantenían a la ciudad en medio de un clima de incertidumbre y nerviosismo permanente, en donde no se sabía con qué ‘sorpresa’ saldría cada día el burgomaestre.

Por lo mismo, si bien no resulta rentable imbuirse en el ya desgastado debate de lo que miden y reflejan las encuestas, y menos aún en la polémica sobre la percepción ciudadana versus las cifras objetivas de la gestión, no deja de llamar la atención que algunas noticias que deberían destacarse dada su trascendental importancia, terminan en un segundo plano en los medios y la opinión pública o, peor aún, diluidas o reinterpretadas de manera parcializada en medio del marcado clima de polarización política y electoral en la capital del país.

Un ejemplo de lo anterior es lo que ocurrió con el informe del DANE días atrás en torno a las cifras de pobreza monetaria y multidimensional en Colombia entre 2016 y 2018. Mientras que a nivel nacional la mayoría de los indicadores evidenciaron un retroceso en la materia, el caso de la Bogotá fue al contrario. De acuerdo con el ente estadístico, la pobreza multidimensional en la ciudad se redujo, al pasar de 5,9% a 4,3%. Esto implicó, entonces, una disminución de 1,6 puntos porcentuales, llegando al indicador más bajo en la historia capitalina. En materia poblacional significa que en ese lapso de la referencia, 114 mil personas salieron de esta crítica situación socioeconómica. Otro dato clave: la urbe mostró la mayor reducción entre las regiones del país. Es más, la única que tuvo una disminución en este campo, aparte de Bogotá, fue la zona oriente.

En cuanto a la pobreza monetaria, Bogotá continúa siendo la segunda ciudad con el porcentaje más bajo del país, después de Manizales. La cifra se mantuvo constante en 12,4% entre 2017 y 2018.

No deja de ser paradójico que mientras otros alcaldes de ciudades capitales mantienen elevados porcentajes de popularidad, las cifras de su gestión en la lucha contra la pobreza, que se relacionan directamente con una mayor y efectiva inversión social en los sectores más vulnerables de la población, están muy debajo de las que ostenta la administración Peñalosa. Pero, como se dijo, no es productivo entrar en una controversia sobre el nivel de certeza y realismo de los sondeos de opinión.

Visto ello resulta por demás preocupante que varias obras y proyectos de primer orden para la ciudad corran el riesgo de truncarse o bloquearse debido a la ‘guerra jurídica’ que sectores de izquierda han lanzado para tratar de detener el progreso de la ciudad, desconociendo incluso que dichas ejecutorias recibieron el respaldo del mandato popular en las urnas, en la misma fecha en que la ciudadanía infringió el más duro castigo político a los partidos y dirigentes que tras doce años en el poder dejaron sumida a la ciudad en el desgobierno y la involución política, económica, social e institucional. Una ‘guerra jurídica’ impulsada en la mayoría de los casos no por argumentos sólidos y objetivos para cuestionar obras y proyectos, sino por el simple y parcializado prurito de “no hacer y no dejar hacer”.

Ojalá la justicia, acorde con el Estado de Derecho que nos rige, rechace este alud de acciones jurídicas contra aspectos clave de la administración Peñalosa y dé vía libre a obras determinantes en materia de desarrollo vial, urbanístico, salud, servicios públicos, ambiente, educación, economía y apoyo social para millones de capitalinos. Solo así la guerra contra la pobreza se seguirá ganando.