Luego de la discusión de las objeciones a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) y del Plan de Desarrollo, las miradas de la opinión pública se centran en el resto de la agenda, en la que sobresalen los proyectos anticorrupción, tanto los presentados por el Gobierno como los radicados por las bancadas.

Varias de esas iniciativas hacen parte del paquete concertado por partidos y Ejecutivo en las mesas técnicas que se conformaron tras la consulta anticorrupción del año pasado que, aunque no superó el umbral, logró 11.674.951 votos.

Al hacer corte de cuentas al trámite de estos proyectos, EL NUEVO SIGLO encontró que son pocos los que gozan de buena salud.

El punto 2 de la consulta anticorrupción, que buscaba cárcel para los corruptos y prohibición de contratación con el Estado, está adherido al proyecto presentado por la Fiscalía General de la Nación sobre esa materia. A esta iniciativa solo le falta la conciliación.

En la misma situación está el proyecto de reforma constitucional que obliga a hacer pública la declaración de renta a los funcionarios.

Así mismo, el proyecto de ley que modifica el Artículo 4 de la Ley de Infraestructura, que obliga al Estado a adoptar pliegos de contratación estandarizados, tiene todavía oxígeno para ser aprobado. Ya le fue dado un primer debate y espera el segundo antes del 20 de julio.

Un proyecto al que se le ha puesto especial atención es aquel que permite la participación activa de los ciudadanos en las decisiones que toma el Estado. El proyecto pasó primer debate y está pendiente de ponencia en segundo debate.

Otros proyectos

Otras iniciativas aún no han sido discutidas o ni siquiera tienen ponencia para, al menos, iniciar su trámite.

El primero en esta lista es el proyecto de ley presentado por la Contraloría que busca fortalecer las herramientas de seguimiento fiscal que tiene el Estado. En últimas, que quienes atentan contra el patrimonio devuelvan el dinero hurtado. La iniciativa no ha sido discutida y está pendiente de ponencia en primer debate.

Seguido está el proyecto de ley presentado por Cambio Radical que busca definir las entidades encargadas de la transparencia en el país y les da más herramientas para luchar contra aquellos que afectan el patrimonio público. Esta iniciativa aún no tiene ponencia.

El proyecto del Centro Democrático que busca que los funcionarios públicos reporten ante la Contraloría cualquier gestión que realicen directamente o a través de un tercero, ante los gobiernos nacional, departamental o municipal para asignación de recursos para los proyectos de inversión, aún no ha sido discutido y espera la aprobación de su ponencia que ya fue radicada.

En la misma situación se encuentra el proyecto de ley que “regula el cabildeo y se establece el Registro Público de Cabilderos”.

La iniciativa que busca cambiar el Artículo 20 de la Ley de Contratación, en la que se incluyó la responsabilidad del Estado para responder por todos los costos financieros, incluyendo multas, de las empresas que corruptamente se ganan una licitación y a quienes les quitan el contrato, no le fue asignado ni si quiera ponente.

El último de esta lista es el proyecto por medio del cual se desvincula el salario de los congresistas como referente para la remuneración de otros funcionarios públicos en el país. De ser aprobada esta iniciativa podría permitir que se baje el sueldo de los parlamentarios. La iniciativa aún no tiene ponente.

Mensaje de urgencia infructuoso

Tres proyectos de ley fueron radicados con mensaje de urgencia. Aquel que le entrega más herramientas a la Procuraduría y establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas, ya tiene ponencia pero falta que esta sea discutida.

Otra busca modificar el régimen de conflicto de interés y declaración de impedimentos de los congresistas. Esta iniciativa, que fue discutida por comisiones conjuntas, sigue pendiente de debates en las plenarias.

Y el proyecto que busca establecer mecanismos claros para rendición de cuentas y transparencia de la gestión de los congresistas, concejales, diputados e integrantes de juntas administradoras locales aún le falta discutir la ponencia para primer debate.

Hundidas

En el trámite fueron hundidas dos de las reformas que buscaban reducir el salario de los congresistas.

Además la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, anunció que prefería no insistir en el trámite de la reforma política, en la que se limitaba a tres periodos la reelección en cuerpos colegiados.

“Sin voluntad política”

Gabriel Angarita, coordinador de asuntos públicos y transparencia de la Misión de Observación Electoral (MOE), aseguró que pese a que los partidos, el Gobierno y las instituciones respondieron bien al clamor popular reflejado en la consulta anticorrupción, “la inmensa mayoría de los proyectos se han quedado estancados, algunos se han hundido y otros han sido archivados. No se ha visto la voluntad política para darle viabilidad a lo que se dijo que se iba a hacer”.

Pese a que reconoce que la agenda legislativa se concentró, este último periodo, en las objeciones a la JEP y en el Plan Nacional de Desarrollo, consideró que esto no puede ser una excusa para la no aprobación.

Así mismo, sostuvo que “hubo muchos proyectos presentados, pero yo creo que no se puede decir que una gran cantidad de proyectos sea un obstáculo. Los colombianos que participaron en la consulta anticorrupción y los que queremos combatir esta problemática nos vamos a sentir defraudados del Congreso, pues no se van a tomar las medidas necesarias para combatir uno de los principales problemas de Colombia en el momento”.

El tiempo se agota

Los proyectos de ley que tengan al menos un debate en la actual legislatura (antes del 20 de julio) podrán ser discutidos en la siguiente.

Sin embargo, las reformas constitucionales, como la reforma a la justicia, tienen que tener al menos cuatro debates antes de esa fecha para continuar su trámite en segunda vuelta.