Similar al Plan Colombia, parecido al aporte antinarcóticos, semejante a la ayuda para erradicar cultivos ilícitos o financiar tradedias naturales, debería constituirse un fondo global de asistencia a los más de 68 millones de desplazados y migrantes.

Un fondo de cooperación internacional que vaya a tono con la petición del Gobierno de Colombia de consolidar una contribución mundial para atender la crisis humanitaria de refugiados y migrantes.

Las contribuciones necesariamente deberán contar en parte con recursos del sector privado.

Es multibillonario el costo de atender, socializar y reintegrar a millones de personas que ya han ingresado a otros países, forzados, expulsados o desesperados por hambre, sed, guerras y muertes.

La custodia de los recursos tendría veedores de cada país aportante para garantizar su efectivo uso anticorrupción.

Una comisión de notables, preferiblemente de la academia, dirigiría el buen destino de estos dineros.

Compañías de variados sectores y conglomerados empresariales tienen la opción de aplicar su cuota a través del llamado balance social, buenas prácticas corporativas, de buen Gobierno, para sumarse a la solución de esta dramática situación mundial.

Lo recaudado podría ir a la formación de emprendedores y formadores de pymes, iniciando con micro negocios financieramente sostenibles para las familias que ya están en condición de refugiados, migrantes y desplazados.

Los países que sufren el problema social de la superpoblación migrante -Siria y Colombia, por ejemplo- adelantarían censos para confirmar el número de ciudadanos que albergan, su legalidad, nacionalidad y motivos específicos de su condición.

Naciones Unidas asumirá el papel de monitor global con estadísticas actualizadas de cada uno de los paises que acogen refugiados y experimentan el ingreso diario de migrantes.

También corresponde a la ONU disponer de un presupuesto autónomo aprobado por sus miembros para contribuir con este conflicto social.

Establecerse que cooperación internacional provenga de naciones que conviven con migrantes y refugiados al igual que de las que causan y originan salida forzada de sus ciudadanos.

En el caso específico de Colombia se tendrían que fijar reglas de juego estrictas como verificar que a los venezolanos legales se les resuelva su situación en el país: empleo, seguridad social, educación y respaldo económico para su calidad de vida como un techo propio.

Igualmente, establecer qué hacer con miles de venezolanos indocumentados que ingresaron ilegales al país. La mayoría está en calles pidiendo limosnas, congestionando y causando mayores niveles de inseguridad. Hacer algo bueno con estas personas y rápido.

La informalidad es creciente en países que padecen esta situación. Si es difícil emplear a los nacionales imagine a los forasteros.

Colombia, con más de tres millones de desempleados y más de 7 millones en el rebusque, no la tiene fácil para que su economía absorba tan grande demanda de empleo.

En 2015 había 21,3 millones de refugiados en el mundo. Hoy sobrepasan 25 millones.  Son más de 68,5 millones de personas desplazadas forzosamente. En agosto de 2018 los migrantes venezolanos en Colombia eran 870 mil. Ya superan el millón.