Cargos a nuevo capturado por caso de Juegos Nacionales

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Por los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, falsedad material en documento público y privado, fraude procesal, y peculado por apropiación, una fiscalía delegada ante el Tribunal Superior de Ibagué (Tolima) imputó cargos a un nuevo capturado por el gran desfalco a los XX Juegos Nacionales, los cuales se celebraron en esa ciudad en 2015.

Se trata de Jesús Octavio Acosta Sánchez, quien se convierte en el detenido número 18 por estos hechos. Es un abogado bogotano detenido en el norte de la capital del país la tarde del pasado martes 21 de mayo, por personal del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), adscrito a la Sección de Análisis Criminal Seccional Tolima. Según el ente acusador, es el representante legal de A&C S.A, sociedad a la cual se le adjudicó el contrato 087 en febrero de 2015, cuyo objeto era la interventoría de las obras de ampliación, remodelación y adecuación del Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué.

Señaló en audiencias preliminares la delegada fiscal, que cuenta con suficientes elementos materiales de prueba y evidencia física para demostrar que el imputado, quien no aceptó los cargos, actuó de manera dolosa al participar en un concurso de méritos para lo cual introdujo varios documentos falsos y donde fue el único participante.

Entre las irregularidades detectadas por los peritos de la Fiscalía está que la convocatoria del concurso se subió al Secop (Sistema Estatal de Contratación Pública) un día después de lo estipulado, y se suscribió un mes después de la fecha programada.

El contrato estaba por un valor superior a los $600 millones, del cual se presume hubo un peculado aproximado de $165.000.000, por cuanto se pagó, se cobró y no se ejecutó, incumpliendo así el objeto contractual.

Le fue solicitada medida de aseguramiento en centro de reclusión, pero el Juez 8 Penal Municipal, con funciones de control de garantías de la ciudad, se abstuvo y le impuso medidas de aseguramiento no restrictivas de la libertad, entre ellas la prohibición para salir del país y una caución de 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes.