FRENTE al faltante presupuestal del Gobierno para financiar programas sociales, hay una segunda vía: vender al mejor postor bienes inmuebles que fueron confiscados a grupos delincuenciales.

Activos que el Estado hoy tiene en su poder y que en su momento estaban en manos de narcotraficantes, terroristas, alzados en armas y redes de corrupción y contrabando, deben ser rematados, vendidos en el mercado.

No menos de 10 billones de pesos, de entrada, obtendría el país, de bienes saneados, para respaldar financieramente planes de asistencia social a nacionales, desplazados y migrantes venezolanos.

Esas platas podrían ir a creación de empresas, y negocios colombo-venezolanos. Constituir un fondo de inversión con enfoque social.

Ejecutivo bien haría en apalancan inversión en actividades productivas con dineros que fueron retirados a organizaciones criminales.

Hay un sinnúmero de inventarios en poder del Estado que se pudren a la intemperie. Deben ir a subasta, a oferta pública. Quienes compren tal vez montarán negocios como inversión y creación de empleos.

Hay que vender tanto lote de ‘engorde’.

Propiedades de ‘ricachones’ delincuentes legalizadas por entidades gubernamentales, de venderse en subastas públicas, reforzarían inversiones en agroindustria y economía naranja.

De ser así, habría manera de vincular a proyectos de producción y exportación, a firmas venezolanas que quieran ser socias de empresarios colombianos, con el objeto principal de generar empleos para ciudadanos de ambos países.

Los refugiados venezolanos legales, entre 800 mil y un millón de personas, tendrían mayor oportunidad de acceder a un trabajo aquí.

Como el principal problema de la economía nacional es el desempleo -más de 3 millones de desocupados-, el producido de estos bienes que están en desuso, ayudaría a expandir el aparato productivo.

En vista de que no hay dinero para cubrir necesidades de venezolanos que están en Colombia y que siguen entrando, el presidente Duque debe gestionar recursos sin raspar más la olla.

Entidades que responden por aprehensión de mercancías ilegales, decomiso de contrabando, embargo de propiedades, incautaciones, confiscaciones, recuperación y bloqueo de fortunas, fincas, chalets, quintas, hoteles, tierras y ganado, vehículos y maquinaria, podrían hacer balance y declarar cuánto hay.

A medida que se vaya contabilizando fortuna que fue quitada a delincuentes y se hagan efectivos procedimientos legales que amparen estos activos en manos del Estado, se podría avanzar en poner a producir esos recursos para la gente.

Sin asistencialismo ni subsidios que engordan la pobreza, alguna salida económica viable deberán tener esos fondos que ayer estuvieron a merced del hampa.

Hay cientos de propiedades deteriorándose, sin dolientes.

¿Para qué esos activos si no ayudan al desarrollo?  ¿Por qué nadie en el Gobierno habla de esos bienes?

¿Qué política pública existe para amparar, sanear y legalizar bienes inmuebles quitados al narcotráfico?

¿Por qué están al sol y al agua tantas y costosas propiedades que el Estado le retiró a las mafias?

¿Cuánto valen lujosos activos que el Estado confiscó a grupos al margen de la ley? ¿Y para qué son?

A rendir cuentas y salir a vender.