Aunque el locutor Fabio Zuleta reconoció que “estuvo mal lo que dije” en el video difundido en redes sociales, en el cual habla con Roberto Barroso, un supuesto palabrero indígena wayuu, sobre la trata de mujeres de esa etnia, la consejera presidencial para la Equidad de la Mujer, Gheidy Gallo, anunció que ya se puso en contacto con la Fiscalía para investigar y judicializar a los involucrados en los presuntos delitos de explotación sexual comercial y trata de personas.

“La mujeres no están solas y seguiremos trabajando con todos los organismos del Estado para que los delitos contra las niñas, adolescentes y mujeres no queden en la impunidad”, puntualizó Gallo.

A través de un comunicado, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) pidió investigar a Barroso, quien dice pertenecer al Corregimiento de Siapana, del municipio de Uribia (Zona Norte Extrema de la Alta Guajira), pero quien es desconocido por las Autoridades Indígenas del lugar.

De otra parte, el director general de la frecuencia 1050 AM Valledupar, emisora al Sistema Cardenal, Ismael Fernández, aclaró que la charla de Zuleta y Barroso no fue transmitida en la emisora, precisando que el programa se graba para poder filtrar cualquier hecho de humor que atente contra la dignidad de las personas.

Los comentarios de Zuleta y Barroso fueron calificados como denigrantes por la ministra de Justicia, Margarita Cabello, para quien “no tiene justificación alguna jugar con la dignidad y el valor de las mujeres de Colombia”.

También, la ministra del Interior, Alicia Arango, señaló que “la trata de personas es un delito y la violencia sexual es un acto aberrante, humillante e intolerable socialmente, y no se puede justificar bajo ningún contexto. El Ministerio del Interior reprocha cualquier tipo de expresión en contra de las mujeres y no justifica que esos actos se pretendan amparar en contextos culturales”.

Arango afirmó que las expresiones en contra de la mujer y cualquier indicio de explotación sexual es un delito que atenta contra la integridad, la libertad y la formación sexual.

Para la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez “es absolutamente indignante, por decir lo menos, que se utilicen los espacios de un medio de comunicación para hacer apología a delitos que vulneran los derechos de las mujeres y las niñas, particularmente de las indígenas wayuu, quienes gozan de especial protección constitucional.  Colombia no tolera ni tolerará jamás la trata de personas. Ponerle precio a un ser humano, y especialmente tratándose de niñas y adolescentes, es uno de los delitos más atroces que existe y como tal debe ser enfrentado. Nadie bajo ninguna circunstancia puede someter a otra persona y mucho menos, exigir pagos o beneficios a cambio de entregarla para su sometimiento”.