* El Valle del Cauca sigue en jaque
* Dramática encuesta de Confecámaras
En un hecho sin precedentes el país está a punto de cumplir un mes de bloqueos viales, saqueos, vandalismo sistemático, ataques a las misiones médicas y acciones contra la Fuerza Pública y bienes oficiales y privados que nada tienen que ver con las protestas y las reivindicaciones sindicales. Uno de esos actos criminales, precisamente, ocurrió en la noche de ayer con el incendio del Palacio de Justicia de Tuluá, por parte de una banda delincuencial desaforada, con el fin evidente de destruir los expedientes y de este modo llevar a pique las operaciones judiciales.
Todavía más grave, el protervo acto se produjo en el corazón del Valle del Cauca cuando el presidente de la República, Iván Duque Márquez, cumplía su visita al puerto de Buenaventura, en el mismo departamento, hasta hace muy poco también localidad clave sujeta a los desmanes. Pero no solo eso. No más se había anunciado en el día un principio de acuerdo entre los delegados gubernamentales y los del paro sindical, entre cuyas cláusulas se consigna nada menos que el no uso de los estados de excepción como mecanismo constitucional para conjurar este tipo de tropelías, cuando se llevó a cabo la retadora maniobra incendiaria en Tuluá. Incluso podría decirse que de nada sirvió la multitudinaria marcha del silencio en Cali, que en la mañana la ciudadanía convocó pacíficamente contra la violencia, puesto que en poco tiempo la delincuencia organizada desfogó, no muy lejos de la capital departamental, su barbarie ante los ojos atónitos de los tulueños, donde aparentemente han dejado de prevalecer las autoridades, como se ha podido inclusive constatar en incidentes anteriores de las zonas vecinas. Fácil es, pues, deducir que existe un propósito concertado de actuar en uno u otro sitio a fin de crear caos y zozobra y derivar réditos inauditos de la anarquía.
Bajo esa insólita y permanente erosión del orden público la ciudadanía no puede continuar en estado de indefensión. Resignar de antemano los instrumentos legales para amparar los derechos fundamentales de los vallunos y de todos los colombianos, ante el desafío que a todas luces quiere imponer la delincuencia organizada, puede ser un camino empedrado del cual el Gobierno deba desdecirse rápidamente frente a la evidencia de las realidades circundantes. Incluso, como también lo ha dicho valientemente la organización sindical CGT, a partir de la declaración de su filial antioqueña, no es en modo alguno aceptable que los dirigentes del paro puedan hacerse los de la vista gorda frente al espiral de violencia que los agentes anárquicos quieren hacer predominar y, como se ha dicho, nada tienen que ver con las reivindicaciones sociales.
De otro lado, además de la lamentable pérdida de vidas de civiles y uniformados, así como el sinnúmero de heridos, el impacto en la economía apunta a ser demoledor. Ayer, por ejemplo, se conocieron los resultados de la encuesta de las Cámaras de Comercio sobre el efecto en las empresas de esta delicada coyuntura social y de orden público. Se trata de un termómetro significativo toda vez que consultó a casi 13 mil empresarios de las distintas regiones. La conclusión más impactante fue que el 22,2% de los indagados afirmó que tuvo que suspender su operación productiva, mientras que el 53,4% apenas si ha podido operar entre el 1% y 50% de su capacidad.
Ese perjuicio se dio a todo nivel, es decir en micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. No podía ser de otra forma si la mayoría de los negocios reporta una baja sustancial en sus ventas y profundas dificultades para conseguir insumos y materia prima. Eso explica el alto grado de desabastecimiento de víveres y productos en todo el país, con un impacto directo en el costo de vida. No pocos voceros han recalcado además la gravísima afectación del empleo. De hecho, en la encuesta de Confecámaras se encontró que el 90,4% de los empresarios consultados manifestó que de los puestos de trabajo que generan, entre 1 y 5 están en riesgo por los efectos del paro y el bloqueo de las vías.
No hay que llamarse a engaños: la ola de anarquía ya produjo un daño irreversible a las familias de millones de colombianos a la par que ahora, como en Tuluá, se ataca a la justicia y por esa vía se pretenden eliminar las instituciones.