* Contundente negativa a moción de censura

* Prevalecieron las instituciones en el Senado

El desenlace de los sendos debates de moción de censura que los partidos de la oposición y el liberalismo impulsaron en Senado y Cámara contra el ministro de Defensa, Diego Molano, es revelador. La votación ayer en la Cámara alta así lo evidencia: de 106 senadores actuantes, 69 respaldaron la permanencia del titular de dicha cartera y sólo 31 se inclinaron por forzar su retiro del gabinete, a diferencia de lo ocurrido en las épocas de Guillermo Botero cuando el entonces también ministro de esa cartera hubo de dimitir previo a una decisión parlamentaria contra su permanencia en el despacho que ya estaba cantada.

Asimismo, en la Cámara de Representantes ya no habría votación contra Molano, por cuanto no parecería constitucional votar en una materia ya superada en el Senado, pero queda claro que, a raíz del anuncio de las bancadas de esa corporación, allí no menos de 110 parlamentarios se hubieran opuesto al intento de sanción política contra el alto funcionario.

Es pues, claro, que siendo la moción de censura un instrumento de control político derivado de la composición democrática colombiana, en esta oportunidad la oposición sufrió una derrota como, en cambio, en la vez anterior había proclamado una victoria en virtud de la renuncia de Botero. Igual puede decirse del liberalismo, cuyo jefe único había lanzado duras acusaciones contra Molano y exigido la salida del cargo de forma reiterada. Es evidente, también, que al actual titular de Defensa no solo lo respaldó la coalición gubernamental, sino que partidos independientes, como Cambio Radical, votaron en esta ocasión a favor del gobierno, bajo un rotundo mensaje de hacer prevalecer las instituciones.

No obstante, la amplia votación en Senado y la mayoría que se vislumbraba en la Cámara a favor de Molano, deben ser entendidas no como una victoria personal del ministro, sino como un respaldo a las tesis y explicaciones dadas por el gobierno en cuanto a la actuación legítima de la Fuerza Pública en medio de la ola vandalismo, bloqueos viales y graves afectaciones al orden público que se han registrado en los últimos tiempos y que nada tienen que ver con las protestas amparadas en la Constitución o las reivindicaciones sindicales asociadas al paro, que ya cumple un mes en medio de una estruendosa anarquía y un descalabro sin parangón de la economía como bien público.

Molano fue reiterativo en la defensa de los conceptos del principio de autoridad, el uso legítimo de la fuerza, el rol del Estado como garante de todos los derechos constitucionales y el deber de las instituciones para reaccionar y neutralizar a los vándalos que se infiltran en las marchas y movilizaciones para generar caos, anarquismo y violar de manera flagrante el derecho de todos los colombianos a la vida, la salud, el trabajo, la movilidad, el disfrute del espacio público y demás garantías fundamentales señaladas en la Constitución. Por supuesto, el ministro fue diáfano en señalar que acciones desmedidas por parte de integrantes singulares de la Fuerza Pública serán investigadas y debidamente judicializadas, como incluso ya se ha hecho, pero de la misma manera fue categórico en sostener el respaldo irrestricto a la grandísima mayoría de policías y soldados que viene cumpliendo con su deber, pese al ataque sistemático y concertado que han debido sufrir por parte de los causantes de la violencia y los claros intentos de terrorismo y desestabilización nacional que han asombrado a los colombianos y  los mantiene en vilo. De hecho, la Corte Suprema de Justicia exhortó a cesar la violencia de inmediato, lo cual es indicativo del grado al que se ha llegado.            

Tanto el titular de la cartera de Defensa como los voceros de los partidos Centro Democrático, Conservador, La U, Cambio Radical y las colectividades de origen religioso, coincidieron en que la escalada violenta de las últimas semanas constituye un ataque directo, coordinado y claramente criminal contra el Estado Social de Derecho, la legitimidad institucional y la misión irrenunciable de la fuerza pública como garante de la vida, honra, bienes, libertades y creencias de todos los colombianos. Los discursos de la oposición y el liberalismo señalando un supuesto ánimo genocida y violador de los derechos humanos por parte del gobierno, la policía y las fuerzas militares, fueron claramente derrotados. En modo alguno podrían avalarse tesis abiertamente sesgadas que insinuaban una orden proferida, desde los más altos niveles del Ejecutivo, para desbordar la fuerza del Estado por fuera de sus cauces legítimos y violar los protocolos respectivos.

De hecho, quedó más que claro ante el país y la comunidad internacional que cualquier delito, ya sea cometido por un funcionario o un particular, debe ser investigado, judicializado y castigado de manera drástica y contundente, como es propio de un país que tiene una normatividad amplia y suficiente para garantizar el respeto a los derechos humanos.

Todo lo anterior conforma un escenario que evidencia que Colombia continúa siendo, pese a las estrategias de los sectores anárquicos, un país de instituciones sólidas y amparadas en la legitimidad democrática.