El principio de autoridad…
Y las bases del diálogo efectivo
La paradójica situación que se produce en torno a la negociación del paro, ya prolongado por más de un mes, causa estupor y desconcierto en la ciudadanía. Los comunicados emitidos luego de la paralizante reunión de ayer, en medio de un torbellino de palabras de lado y lado, parecerían indicar que hay más bien un interés por mantener una estrategia de desgaste mientras el país sigue hacia el abismo del desempleo generalizado, la quiebra irreversible del sector productivo y el espiral inflacionario, ahondando tanto la crisis social y económica como la sanitaria.
La única salida plausible a las circunstancias que hoy se viven es, por supuesto, la fórmula democrática indisoluble de autoridad y diálogo. Que son, además, dos elementos concurrentes y no excluyentes como algunos quisieran hacerlo ver para sacar réditos políticos dentro de su espíritu polarizante y su ánimo unilateralista. Porque sin autoridad firme, dentro de los cauces constitucionales y el amparo estatal obligado para todos los colombianos, no es posible ningún diálogo efectivo. Y sin diálogo efectivo, que permita resolver los problemas acuciantes de manera activa y concertada, la autoridad perdería la oportunidad de afianzar su legitimidad.
El Presidente de la República expidió, hace ya un par de semanas y aunque tardíamente, la orden expresa a la Fuerza Pública para levantar los bloqueos de las vías, como es de ley, y enfrentar la violencia y el vandalismo con todo el rigor normativo. Frente a ello no es menester repetir la orden una y otra vez, ni reiterar comunicados extemporáneos al respecto, puesto que, en ese carrusel de reiteraciones, antes que demostrar autoridad lo que se hace es ponerla en entredicho y crear confusión. En ese caso, basta con hacer seguimiento y proseguir a la evaluación de las disposiciones presidenciales para recuperar el orden, dentro de los protocolos legales y un cronograma perentorio que debió establecerse. Utilizada la asistencia militar para colaborarle a la Policía y a las autoridades regionales y locales, como está contemplado en el Código de Policía y Convivencia Ciudadana votado en el Congreso y en curso positivamente tras la revisión de las Cortes, interesa que se vaya dando a la opinión pública las informaciones puntuales por parte de la Fuerza Pública, a partir de un ágil y único aparato de comunicaciones estatal, y se pueda superar prontamente la erosión al sistema de libertades promulgado en la Constitución como parte esencial del Estado Social de Derecho.
Una y mil veces está dicho y además aceptado, según lo demuestran las encuestas, que nada tienen que ver las reivindicaciones sindicales y las movilizaciones sociales, amparadas en la misma Carta, con la imposición del túrbido anarquismo que Colombia rechaza de plano. Mucho más, claro está, con la evidencia de que al escampado prosperan las fuerzas disolventes de la subversión, pagadas con las drogas ilícitas y la minería criminal que mantienen su trayectoria incólume y además sacan provecho gigantesco de la amenaza geopolítica en la cual está inmerso el país a partir de lo que ocurre en el vecindario. Incluso las mismas Farc fueron claras en anunciar, al momento de su desactivación parcial de 2016, que las llamadas milicias urbanas no se desmovilizarían y que, aparte de las disidencias y reincidencias posteriores, hoy proceden a la par de sus similares del Eln con miras a profundizar la anarquía e impedir cualquier solución democrática.
Bajo esa perspectiva, el Gobierno no puede seguir ese juego anarquizante, cerrando el escenario de las soluciones concertadas que se piden por fuera de toda violencia y dentro de los postulados democráticos. Por fin asumida la autoridad, como un acto propio de sus atribuciones constitucionales y dejando de lado cualquier prevaricato por omisión, el Ejecutivo debe también llevar a cabo el diálogo y la concertación que aceptó y propició para aquí y ahora. Debe hacerlo con valentía, sin evasivas, con el temple de quien busca un punto de encuentro factible, para resolver de la mejor manera posible las dramáticas vicisitudes que afectan a los colombianos. Porque su mandato democrático primordial es el de la unidad nacional. Y no solo porque así lo diga la Constitución, sino porque también corresponde al Gobierno escuchar a la población que gobierna y dar curso al Estado Social de Derecho, como tantas veces lo hemos insistido aquí.
En efecto, Estado de Derecho cuya base es el principio de autoridad y Estado Social que hoy exige actuar con mucha mayor diligencia, envergadura y rapidez de la que se venía teniendo en los programas para los más vulnerables. Y es lo que no se ve, cuando pasan las semanas y, de una parte, siguen sin sentarse las más mínimas bases de la concertación y, de otra, no se presentan al Congreso los proyectos prometidos para conseguir los recursos.