- La gravedad del caso en Algeciras
- Bogotá y Cundinamarca en alerta
El reciclaje de la violencia regional y local no se detiene. Ayer el país se impactó con el asesinato de nueve personas en zona rural de Algeciras, en el Huila. Las primeras informaciones oficiales dan cuenta de que la masacre de ocho hombres y una mujer se habría perpetrado en una finca de la vereda Quebrada Sur. Las hipótesis en torno a los móviles y autores materiales de la matanza eran todavía muy preliminares, ya que las autoridades judiciales tuvieron que esperar a que las tropas del Ejército llegaran a la zona para asegurarla y permitir el ingreso del personal de la Fiscalía y Medicina Legal.
Sin duda alguna se trata de un hecho muy grave, no solo por el alto número de víctimas sino porque en la zona se han registrado recientemente otros sucesos de violencia producto de refriegas entre grupos de disidentes y reincidentes de las Farc así como con otras facciones criminales. De hecho, campesinos, trabajadores así como líderes sociales y comunitarios han sido asesinados en el último año en esta región huilense que colinda con Caquetá y Meta.
Lo más grave es que no se trata de un hecho aislado, toda vez que según el seguimiento que hace el centro de estudios Indepaz en lo corrido de este año, sumando las víctimas de Algeciras, ya son 41 las masacres perpetradas con un total de 158 muertes. La Fiscalía y otras autoridades tienen cifras distintas a estas que se explican por una metodología de clasificación dispar.
Pero más allá de eso, es obvio que el país está enfrentando una ola de asesinatos colectivos. Valle, Antioquia, Cauca, Nariño y Huila son los departamentos más afectados este 2021. Las mismas estadísticas de Indepaz señalan que el año pasado se registraron 91 masacres con un saldo de 381 víctimas en 66 municipios de 23 departamentos. Antioquia, Cauca y Nariño de nuevo encabezaron el listado.
Los reportes de la Fiscalía así como de otras instituciones oficiales y no gubernamentales señalan que detrás de la mayoría de estas matanzas estarían desde las disidencias y reincidencias de las Farc, pasando por la guerrilla del Eln, así como bandas criminales de alto espectro tipo ‘Clan del Golfo’ y ‘Los Caparros’. El común denominador en no pocos casos es la pelea a sangre y fuego de estas facciones ilegales por los corredores del narcotráfico, la minería ilegal y otras rentas ilícitas de carácter local y regional.
Otro hecho que ayer impactó al país fue un informe de la Defensoría del Pueblo en torno a que en no menos de diez localidades de Bogotá y varios municipios de Cundinamarca están haciendo presencia grupos delincuenciales estructurados que tratan de adueñarse de las redes de microtráfico, sicariato, extorsión e incluso buscan hacer ‘control territorial’ en algunos sectores. De nuevo las facciones derivadas de las Farc, milicias urbanas del Eln así como grupos residuales de los paramilitares, como ‘Las Águilas negras’, ‘Los paisas’ y ‘Los gaitanistas’, entre otros, estarían involucrados en este peligroso fenómeno delincuencial.
Es urgente que la Fuerza Pública y las instancias judiciales redoblen los operativos para neutralizar estas amenazas así como a los autores materiales e intelectuales de las masacres. Para nadie es un secreto que en medio del plan de contingencia para hacer frente a la pandemia, algunos actores criminales han expandido su accionar, al tiempo que aumentan la victimización de la población civil. También es claro, como se ha denunciado de manera profusa por el Ministerio de Defensa y la Fiscalía, que estos grupos delincuenciales de alto espectro están financiando e instigando una parte importante de los actos de vandalismo y de típico terrorismo vistos en medio de los paros y protestas del último mes en el país.
Es necesario que la estrategia de seguridad y orden público se afiance en muchas zonas en donde hay un evidente reciclaje de factores de violencia común y organizada. En medio de la crisis sanitaria así como de la utilización de la Fuerza Pública para evitar un desborde anárquico y vandalizador de la protesta social legítima, las organizaciones dedicadas al narcotráfico, minería ilegal y otros delitos han buscado ampliarse y lo hacen atacando con barbarie y sin ninguna limitación a sus rivales en el crimen así como a la población civil inerme que no se subordina a sus órdenes y atropellos. Es imperativo que el Estado retome el control territorial e institucional de esas regiones, so pena de verse enfrentado a un nuevo pico de conflicto armado de alta intensidad.