Autoridad y cumplimiento de ley | El Nuevo Siglo
Viernes, 4 de Junio de 2021

Convengamos con varios analistas en que esto no es un paro sino una toma guerrillera nacional. El país entero ha estado secuestrado por semanas sin que algún funcionario se decidiera a cumplir con lo que manda la Constitución y la ley para restablecer el orden al precio que fuere necesario.

Cuando el M-19 de Gustavo Petro quemó el Palacio de justicia, de consuno con Pablo Escobar, el gobierno de Betancur lo recuperó con el nivel de fuerza que la guerrilla le exigió imprimir.

Cuando el gobierno de Uribe inició su mandato, medio país estaba en manos de la subversión y el otro medio en las manos del paramilitarismo. El Estado tenía un mediano control de las grandes ciudades y apenas se ejercía soberanía en los cocteles bogotanos a los que asistía la clase política tradicional. Uribe recuperó el control territorial con el nivel de fuerza que los ilegales le obligaron a aplicar.

Me da pena con el señor presidente Duque, pero si su estrategia de tratar con guantes de algodón a estos terroristas urbanos tenía por objeto evitar una injusta persecución judicial en el futuro, ello ya no podrá ser, pues si no resulta acusado por acción tal vez tenga que dar muchas explicaciones por su omisión, obligado como estaba a recuperar el orden desde el primer día y no un mes después, como parece estar sucediendo.

Y es que apenas se vienen a tomar decisiones del talante de un gobierno como el que creíamos haber elegido. La primera decisión acertada ha sido la de informar al ‘comité del paro’ que no se firmará ningún preacuerdo hasta que no se levanten los bloqueos, que es por lo que está en jaque la vida de los colombianos. Si ese comité no quiere o no tiene el poder para ordenar que se levanten, entonces no habría nada más que dialogar con sus miembros.

De forma consecutiva se tomó otra decisión acertada. El Gobierno anuló el pacto firmado entre un comité de terroristas de Buenaventura y delegados del Gobierno que deberían ser despedidos sin dilaciones: el nuevo asesor de paz, Juan Camilo Restrepo, y el viceministro de Relaciones Políticas, Juan Pablo Díaz Granados, santistas ambos, para más señas. Este pacto denunciado por Uribe y Vargas Lleras les entregaba el control del puerto más importante del país a estos rufianes del paro, sin contar ellos con facultad legal alguna para inspeccionar la carga o para decidir qué entra y qué sale del puerto. Sin duda, un verdadero atropello del Estado de Derecho y una muestra inaceptable de sometimiento al chantaje de los criminales.

Finalmente, se dio un tercer acierto que de inmediato demostró sus bondades como es la decisión de emplear toda la fuerza del Estado para imponer el orden en los departamentos más afectados por los bloqueos y los actos vandálicos -principalmente el Valle del Cauca y su capital, Cali-, con la participación directa de tropas del Ejército en apoyo de la Policía Nacional. Eso permitió que en pocas horas se levantaran muchas barricadas que fueron abandonadas por los esbirros que las mantenían y que se empiece a restablecer el orden, aunque será necesario un esfuerzo sobrehumano de las autoridades para desmontar por completo este golpe de Estado y retornar a la normalidad.

@SaulHernandezB