Como es de público conocimiento, las afugias por las que atraviesan las finanzas públicas para costear el gasto social, es decir la ayuda oficial para las familias más empobrecidas y los emprendimientos más afectados por la pandemia, no solo no se han atendido, sino que se han agravado con el vandalismo y los bloqueos del último mes.

En ese contexto, sigue estando a la orden del día encontrar las fórmulas que permitan reactivar la economía, especialmente luego de que la opinión pública rechazara la reforma tributaria que llevó el Gobierno al Congreso, censura generalizada que derivó en el retiro de la iniciativa y a la convocatoria de un diálogo político.

De esto es consciente el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, quien aseguró la semana pasada que “va por buen camino la construcción de consensos” necesarios para “acertar y no acelerar”, por lo que se aprovecharán los 15 días que quedan de esta legislatura para edificar los acuerdos necesarios, porque "hay una realidad compleja en las finanzas públicas, una necesidad imperiosa desde lo social y desde el equilibrio económico como resultado de esta pandemia que necesita ser atendido. Es un tema prioritario para la estabilidad".

Algunas luces sobre puntos clave de la fórmula consensuada saldrán muy probablemente de las negociaciones que deben emprender pronto el Gobierno y el Comité Nacional de Paro, ante lo cual algunos analistas han observado que la postergación del debate sobre un pliego presentado en julio no solo implicó demorar un año las respectivas respuestas sino el agravamiento del problema en el último mes.

Entre tanto, el Gobierno se ha reunido con voceros de los partidos políticos para dialogar sobre los puntos clave del nuevo proyecto. En el Capitolio Nacional se especula que la iniciativa podría ser presentada en los próximos días, pero todo depende de los avances que se logren con el Comité, por lo que se perfilan al menos dos escenarios. El primero, con un acuerdo político que involucre los sectores sociales que están en paro, se tramitaría desde esta semana un texto muy breve con mensaje de urgencia y se citaría a sesiones extras para su aprobación; el otro es radicar ese articulado simple más cerca del 20 de junio y darle primer debate para concluir su discusión después del 20 de julio.

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Acuerdos

Hace casi un mes, Restrepo le manifestó a EL NUEVO SIGLO que “hay que buscar desde luego consenso en los propósitos sociales, de los más vulnerables, de los jóvenes, de las mujeres que han perdido su empleo, de las micro y pequeñas empresas, de los informales que necesitan una renta básica de emergencia”.

El propósito también es, señaló, “construir alrededor de la estabilidad y responsabilidad de las finanzas públicas, con sentido de grandeza y con el ánimo de un diálogo constructivo con todos, con los que son amigos del Gobierno, con los que no son amigos del Gobierno, con los que son independientes, porque es que con todos se puede dialogar y al final puede haber iniciativas sobre las cuales puede existir algún mecanismo o un grado de consenso y yo creo que eso es posible lograrlo”.

Hace algunos días el presidente de la Comisión Cuarta del Senado, Carlos Abraham Jiménez, de Cambio Radical, le manifestó a este Diario que “creo que debemos sentarnos a hacer lo que el Congreso no había hecho: escuchar a todos los sectores –izquierda, derecha, academia, sindicatos, empresarios, comerciantes– y dependiendo de lo expresado por todos, coger el punto en común y con eso ver cuánto logramos financiar”.

El ministro Restrepo expresó la misma idea en la entrevista con este Medio: “Aquí hay que abrir el espacio, hay que hacer estos encuentros, hay que recoger las iniciativas y, a partir de ahí, hay que hacer una propuesta que tenga ciertos elementos en común en los que se reconozcan las mayorías y llevarlo a un escenario institucional donde se discute, que es el escenario del Congreso de la República. Y es que para avanzar hay que darle sentido de oportunidad porque aquí no es un tema de días, de semanas, la reforma tributaria es un tema de urgencia, y hay que ir trabajando lo más rápidamente posible para sacarlo adelante”.

El senador Ciro Alejandro Ramírez, del Centro Democrático, anotó que “ahora es más que necesario fortalecer la política social en Colombia y sobre todo el paquete de transformación social que lanzó el presidente Iván Duque”.

Sobre los tiempos adecuados para llevar una nueva propuesta al Congreso, Ramírez señaló que eso dependerá de la legitimidad de quienes se pongan de acuerdo, es decir “la representación en el Congreso y los partidos políticos que lo quieran acompañar, pero sobre todo creo que hay que hacer antes un trabajo muy fuerte de socializarlo con la opinión pública y los partidos políticos, sectores económicos, sociales, antes de radicarlo”.

El congresista insistió en que “el tiempo dirá el trabajo que se haga con la opinión pública y los partidos políticos. Mientras más rápido mejor. Pero lo más importante es la socialización con los colombianos y los partidos políticos”.

Por su parte, el senador John Milton Rodríguez, copresidente de Colombia Justa Libres, expresó que “consideramos que el momento es ya, pero el mecanismo debe ser una ley de estabilidad social y económica y no una reforma tributaria”.

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Las fuentes

Del proyecto que perfila el Gobierno solo se conoce el estimativo sobre los recursos a recaudar hecho por el ministro Restrepo, quien calculó $14 billones, pero hasta el momento no se sabe qué fuentes tendrá la reforma y los impuestos que se cobrarían.

“Ha habido consenso en no tocar a la clase media, en no aumentar la base de personas naturales en renta, en no afectar el IVA, en no afectar a los pensionados, sino en acudir a expresiones como la de la ANDI, que ha señalado que el sector empresarial quiere contribuir a este propósito”, recordó. 

Restrepo le indicó a este Diario que “hay que tener lo más pronto posible radicada esa iniciativa para comenzar los diálogos con los distintos actores en el Congreso de la República, para que se dé el debate, aprovechando esta legislatura”.

El martes, el ministro Restrepo les dijo a congresistas de las comisiones económicas que “lo social no da espera. El sueño aplazado de ese joven que no ingresó a la educación superior no da espera, porque el sueño de esa mujer que perdió su trabajo y quiere ingresar al mercado laboral no puede dar espera, no da espera el microempresario que necesita el subsidio a la nómina para sortear sus necesidades de caja”.

Algunas propuestas ya han sido expresadas por los distintos sectores políticos. Por ejemplo, desde abril, cuando le quitó el respaldo al articulado radicado por el Gobierno, el Partido Conservador señaló que entre otras opciones que ha planteado “alternativas como el establecimiento de una sobretasa en renta para el sector financiero, la fijación de un techo porcentual a las deducciones aplicadas en renta, a las sociedades y personas jurídicas catalogadas como grandes contribuyentes, la suspensión de los descuentos del ICA y la disminución temporal al impuesto de renta de las empresas, así como un impuesto al patrimonio para personas naturales con más de $5.000 millones de patrimonio líquido, la venta de algunos activos del Estado, acelerar la enajenación de bienes decomisados como producto del narcotráfico, combatir el contrabando y avanzar más en el control de la corrupción”.

El Centro Democrático, a su turno, divulgó una propuesta con “impuestos transitorios aproximados por $12 billones sin afectar a personas de ingresos medios ni la recuperación productiva”, en la que, además, “se pide al Banco de la República $5 billones de anticipo de utilidades”, recursos que “se manejarán en cuenta especial con destino a superar el problema social y de empleo de la pandemia”.

El dinero recaudado se utilizaría en “Ingreso Solidario para cinco millones de familias; extender subsidio a la nómina para 3,6 millones de trabajadores; subsidiar la seguridad social de nuevos trabajadores jóvenes, mujeres, adultos y personas en condición de discapacidad; devolución del IVA a cuatro millones de familias; universidad pública gratuita para estratos 1, 2 y 3”.

También se planteó “austeridad del gasto y reforma administrativa con ahorros de $1 billón durante los primeros dos años y permanente de $15 billones”.

Así mismo, el senador Rodríguez le comentó a este Diario que su colectividad le ofició el 18 de mayo pasado al ministro Restrepo un menú de planteamientos sobre la materia, que incluye no solo propuestas sobre fuentes de financiación, sino acerca de la mejoría en la aplicación de las ayudas a través de programas sociales debidamente focalizados y condicionados para mitigar la crisis de la pandemia, y apoyo a las mipymes para superar las dificultades originadas en la emergencia sanitaria, no con productos de la banca privada, sino del Grupo Bicentenario, el conglomerado financiero del Estado.