- Mientras crece la demanda del gasto
- Priorizar los programas sociales
Como se sabe, además de las dolorosas vidas segadas y los centenares de heridos entre civiles y uniformados, las pérdidas económicas dejadas por el paro, en cuanto a la suspensión de las actividades cotidianas en muchos sectores nacionales, son billonarias. En particular, asimismo, con el telón de fondo del vandalismo y los bloqueos viales que solo hasta hace muy poco han venido cediendo gracias a los protocolos normativos aplicados por la Fuerza Pública, luego de la reciente orden presidencial tras constatarse semanas de anarquía, pero que todavía persisten en ciertas zonas del país.
En todo caso, Fedesarrollo calcula que en mayo el apagón productivo le restó $6 billones a la economía en pérdidas netas. Este monto es menos de la mitad del cálculo hecho por el Ministerio de Hacienda que, en los primeros quince días de mayo, alertó que las pérdidas podían ascender a $500 mil millones diarios, lo que se traduciría en $15 billones en un solo mes. Las cifras de lado y lado podrían ser mayores si se tiene en cuenta que estamos entrando en la séptima semana de paro que arrancó el 28 de abril. Además, en estos momentos, por si fuera poco, la negociación del pliego sindical permanece congelada, en la mesa respectiva, y con nuevos anuncios de movilizaciones para mañana, en especial en Bogotá, mientras la CIDH mantiene por su parte reuniones con diferentes estamentos.
Otra previsión de los expertos señala que el 53.6 por ciento de las empresas vio afectada su producción, en tanto que el 68 por ciento de los trabajadores, empleados y campesinos enfrentó problemas para llegar a sus localidades, impactando de modo dramático los índices de empleo. De igual manera, la afectación en el bolsillo de los colombianos en general, pero sobre todo de las familias más pobres y vulnerables, ha sido inclusive más explosiva que el desaguisado del anterior ministro de Hacienda para subir el IVA casi de forma generalizada. De hecho, las cifras de inflación para mayo denotan una acentuada subida de la carestía a raíz del desabastecimiento de alimentos y productos, fruto de los bloqueos viales y portuarios, en especial Buenaventura.
De otro lado, todavía no se tiene un estimado del lucro cesante y el daño emergente de las empresas que no han podido operar o de las transacciones que se frustraron. Tampoco se conoce una proyección sobre la caída en el recaudo de impuestos por la afectación ni el costo de la reparación de la infraestructura pública y privada.
En el mismo sentido, a estas billonarias pérdidas habría que sumar lo que pueda costar la negociación con el Comité de Paro. Por lo pronto solo se sabe que su pliego demanda gastos que algunos estiman en $80 billones, a cuenta del presupuesto nacional, más del triple de la reforma tributaria que el Gobierno hubo de retirar a solicitud de los mismos delegados sindicales, luego de las movilizaciones.
De suyo, los anuncios recientes del Gobierno en materia de programas sociales y de reactivación requieren grandes inversiones. La gratuidad para los estudiantes de estratos 1,2 y 3 de las universidades públicas vale $2 billones anuales; el subsidio empresarial hasta por el 50% del salario mínimo para la contratación de jóvenes cuesta $1 billón anual; el apoyo para subsanar el 50% del abultado déficit de las empresas de transporte masivo no vale menos de $3 billones... Nótese que en solo estos tres conceptos ya van girados contra el presupuesto nacional $6 billones, cerca de la mitad de lo que se espera recoger con la nueva reforma tributaria.
De otra parte, el perfilamiento de la nueva reforma fiscal y social, que se intenta consensuar, pero está lejos de ser presentada al Congreso por parte del Ejecutivo, exige conocer de antemano el valor de las concesiones. Es fácil deducir que no va a bastar con la nueva iniciativa para adecuar las ya maltrechas finanzas oficiales. Se necesitará, adicionalmente, más deuda pública, más venta de activos y, por supuesto, medidas muy contundentes para recortar gasto estatal inoficioso. No sobra llamar la atención, por ejemplo, sobre los riesgos que entraña la concesión que se hizo para levantar el paro a algunos gremios camioneros, consistente en renunciar a la figura de los peajes en las futuras concesiones del 5G. Esta situación puede comprometer la modernización vial del país al hacer inviables los ya de por sí difíciles cierres financieros.
Visto todo ello, la conclusión es una sola: las necesidades son muchas y las fuentes de recursos escasas. Hay que priorizar en lo social, con fuentes presupuestales ciertas.