"2.500 guerrilleros que abandonaron proceso no son delincuentes" | El Nuevo Siglo
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Martes, 25 de Junio de 2019
Redacción Política

Los desmovilizados que han abandonado el proceso de reinserción no necesariamente están delinquiendo, manifestó el alto Consejero Presidencial para la Estabilización y Consolidación, Emilio Archila.

El funcionario sostuvo que de los 13.000 excombatientes de las Farc que se acogieron a los acuerdos de paz con el Gobierno, cerca de 2.500 decidieron abandonar el proceso.

Archila reiteró que esto no significa que “este mismo número de personas estén reincidiendo en actos delictivos. No se puede concluir que quienes no estén en el censo son delincuentes”.

Así mismo, destacó que existe plena voluntad del Gobierno nacional de cumplir con los acuerdos y que los mismos no serán modificados.

“Vamos a estar acompañando a los excombatientes por todo el tiempo que se necesite y la única condición es que estas personas estén dentro de su proceso de reincorporación y de la legalidad. Hoy el 98% de exintegrantes de las Farc están afiliados al Sistema de Seguridad Social en Salud y el 80% de los desmovilizados está cubierto por el régimen de pensiones, mientras un 2% está vinculado a los Beneficios Económicos Periódicos – BEPS. Durante el periodo de agosto 2018 a mayo 2019 se desembolsaron $84.022 millones en las garantías económicas”, recordó Archila.

El funcionario también destacó que a través de Impulsa se está apoyando a más de 200 proyectos productivos individuales por un valor de: $1.831.613.498 y que benefician a 229 personas. “Esto demuestra que el compromiso del Gobierno es serio y que seguirá adelante”, dijo Archila.

Ante recientes atentados perpetrados contra desmovilizados de las Farc en diferentes partes del país, Archila señaló que la seguridad de los excombatientes es un tema prioritario para el presidente Duque.

“El presidente Iván Duque ha dicho que continuará brindando seguridad a los desmovilizados y cumplirá”, dijo, anotando que “en la actualidad hay 224 esquemas de seguridad individuales y colectivos operando, y cada ETCR cuenta con una Unidad Policial para la Edificación de la Paz  (Unipep) y un batallón de operaciones terrestres para su protección”.

El funcionario añadió que el compromiso del Ejecutivo nacional no solo es con los excombatientes de las Farc, sino con aquellas zonas del territorio nacional más afectadas por la pobreza y la violencia: “El presidente Duque está comprometido en estabilización de los 170 municipios en donde se desarrolla los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET”.

MAPP-OEA

Las declaraciones de Archila se dieron ayer durante su participación en la celebración de los 15 años de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de Estados Americanos (MAPP/OEA).

Durante el certamen, realizado en Medellín dentro de la programación previa a la Asamblea de la OEA, que se instala hoy, la MAPP presentó su XXVI Informe Periódico ante el Consejo Permanente del organismo.

Según la organización, el documento es resultado de las 1.358 misiones en 720 poblados rurales, realizadas entre el 7 de agosto y el 31 de diciembre de 2018.

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, resaltó que “la MAPP-OEA desempeña un papel clave como facilitador y generador de diálogo y confianza en los lugares más vulnerables y alejados de la geografía colombiana. La MAPP ha sabido adaptarse y conectar las realidades y necesidades locales con la oferta institucional del Estado en las zonas más afectadas por el conflicto, promoviendo la construcción gradual de confianza entre dichas comunidades y las instituciones, y facilitando la entrada del Estado a esas zonas”.

En el documento, la Misión de la OEA exalta la disposición del Gobierno del presidente Iván Duque por afianzar la paz en los territorios, bajo los principios de legalidad, equidad y emprendimiento.

El informe destaca, entre otros, la promulgación del Plan Bicentenario y de la Política de Seguridad y Defensa, que prevén un fuerte despliegue de la institucionalidad en los territorios. Sin embargo, señala que la violencia de los grupos armados ilegales contra las comunidades, líderes y lideresas sociales sigue siendo la principal amenaza que enfrenta el proceso de paz.

“La MAPP-OEA evidenció con preocupación la persistencia de homicidios, amenazas, siembra de minas antipersonal, desplazamientos, confinamientos, reclutamiento forzado y violencia sexual. “Territorios como el Bajo Cauca antioqueño, Catatumbo y el Pacífico nariñense, así como los departamentos de Chocó, Arauca y Cauca son los más afectados por la presencia y disputa entre grupos armados ilegales”, asegura en el informe. En concepto de la Misión, los altos índices de inequidad y la débil presencia estatal profundizan las afectaciones.

El Jefe de la MAPP/OEA, Roberto Menéndez, hizo un llamado al Estado en todas sus dimensiones para entregar resultados concretos y plenas garantías de seguridad a las poblaciones.