El Gobierno entregó un balance de los ocho años de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.

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El Gobierno entregó este lunes un balance de los ocho años de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que entró en vigencia el 10 de junio de 2011.

La ley fue creada para reconocer, atender, asistir y reparar a los sobrevivientes de hechos sucedidos en el conflicto armado desde 1985, y darles espacios de participación e incidencia en los diferentes niveles de gobierno.

Durante los ocho años de vigencia de la ley se ha consolidado el Registro Único de Víctimas (RUV) en el que, entre 2012 y el 1 de mayo de 2019, se han incluido cerca de nueve millones de personas (8.816.304), de manera individual, que constituyen el 17.7% de la población del país.

Además, se han registrado 616 sujetos de reparación colectiva, es decir, comunidades campesinas y barriales, pueblos étnicos, organizaciones, grupos y movimientos sociales, afectados en lo colectivo por el conflicto.

El aspecto central de la ley es proveer un marco institucional para reparar de forma integral a las personas afectadas de primera mano por el conflicto. Para ello se creó la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV).

Desde 2012, la UARIV ha invertido COP 11 billones en todas las medidas de la reparación integral, de los cuales COP 6.1 billones corresponden a indemnizaciones entregadas a casi un millón de personas.

La Unidad acompañó, entre agosto de 2018 y mayo de 2019, a 1.088 familiares de víctimas de desaparición forzada, en la entrega de 256 cuerpos o restos óseos.

“La Unidad para las Víctimas se ha convertido en el principal agente humanitario del país”, indicó la misma organización en su balance. Desde 2012 ha coordinado la atención de 5.376 emergencias humanitarias causadas por el conflicto armado.

La restitución de tierras es otro de los componentes de la reparación integral de las víctimas. El proceso tiene tres etapas: la administrativa, la judicial y el posfallo.

La Unidad de Restitución de Tierras (URT) lidera la parte administrativa: recibe solicitudes, reúne las pruebas de abandonos o despojos forzados, determina si inscribe el predio en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzadamente (RTDAF) y tramita los procesos de restitución en nombre de las víctimas ante la justicia.

Según cifras oficiales, 71.284 solicitudes han finalizado el trámite administrativo, los que corresponde al 75% del total de las solicitudes. En la etapa judicial, ya hay sentencias para restituir 341.725 hectáreas, que benefician a 45.655 personas.

Ramón Rodríguez, director de la UARIV, aseguró que se le está “cumpliendo al país y a las víctimas”.