Para garantizar la facultad legal de las personas mayores de edad con discapacidad, la plenaria del Senado aprobó en último debate el proyecto de ley número 27 de 2017 Cámara – 236 de 2019 Senado, iniciativa en cuya mesa técnica participó el Ministerio de Justicia y del Derecho.

El proyecto, que pasó a conciliación de los textos diferentes aprobados en Senado y Cámara, según fuentes de Minjusticia replantea la figura de la interdicción y así cierra la brecha jurídica que actualmente discrimina a esta población y le impide ser tratada en igualdad de condiciones para realizar, por ejemplo, transacciones bancarias, escoger su lugar de residencia, realizar una compraventa o elegir un tratamiento médico. Se sabe, por ejemplo, que más de 600 personas mayores de edad con discapacidad fueron esterilizadas sin su consentimiento, de acuerdo con cifras presentadas en el informe de ponencia del proyecto.

El articulado aprobado les permite a los adultos mayores en condición de discapacidad gozar plenamente de sus capacidades legales y contar con los apoyos necesarios para lograrlo. Y responde también al compromiso internacional que tiene Colombia con la Convención de las Naciones Unidas, que en su artículo 12 exige a los países cambiar la visión de las personas con discapacidad y asegurarles capacidad jurídica y derecho a elegir.

El proyecto, que virtualmente ya es ley de la República, elimina la figura de la interdicción, toda vez que se considera que atenta contra la autonomía de estas personas y se ha prestado para que se cometan abusos, además propone a cambio un sistema de toma de decisión con apoyos.

Para Juanita López, viceministra de Promoción de la Justicia, “la interdicción no debía ser el primer recurso para las personas con discapacidad porque las despoja de cualquier derecho relacionado con la toma de decisiones en el desarrollo de su proyecto de vida. Les impide tomar decisiones sobre cuestiones personalísimas como casarse, tener hijos, abrir una cuenta bancaria, someterse a un tratamiento médico, con quién vivir, dónde estudiar. La interdicción somete la vida de alguien a un tercero”.

Y agregó que “si bien la norma de interdicción hoy está vigente, creemos que en principio no debería utilizarse, salvo en casos absolutamente extremos en los que aún con todos los apoyos no es posible acceder a la voluntad de las personas con discapacidad”.

El Ministerio de Justicia informó que viene realizando capacitaciones a operadores de justicia (jueces, consultorios jurídicos, conciliadores, eventos para la comunidad jurídica, comisarios de familia, inspectores de Policía) sobre el reconocimiento de la capacidad legal de las personas con discapacidad, toma de decisiones con apoyo y cómo la interdicción no debe ser en ningún caso la primera alternativa para esta población.

Como parte del compromiso por mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad y proteger su derecho a decidir, en 2015 el Minjusticia creó Rundis, hoy programa ‘Tejiendo Justicia, Red Universitaria por la Inclusión, Igualdad y Transparencia’, que ha permitido que los consultorios jurídicos del país brinden acceso a la justicia de forma oportuna y eficaz a la población en situación de discapacidad.