Cruzada contra inflación normativa | El Nuevo Siglo
Martes, 25 de Junio de 2019
  • Más de 10.000 leyes y decretos saldrán de circulación
  • Lo importante es no recaer en el vicio

Uno de los mayores lastres para el funcionamiento del Estado en Colombia ha sido, desde hace muchos años, la inflación normativa, ya se trate de leyes, decretos, reglamentaciones y otras directrices legales que, cual torre de babel, se convierten en un obstáculo para los principios de eficiencia institucional, seguridad jurídica y claridad en la relación entre la ciudadanía y el aparato estatal.

No en pocas ocasiones hemos advertido desde estas páginas que el país no ha podido superar la mala costumbre de que cualquier problemática, de vieja o nueva data, se soluciona con ‘dispararle’ una ley, dictar un decreto o poner en vigencia más reglamentaciones, resoluciones y cuanta directriz oficial formal se pueda proyectar. Una lesiva tendencia que ha generado otros fenómenos aún más complicados como la “inflación normativa”, el “populismo legislativo” o el también llamado “populismo punitivo”. Un alud de artículos, parágrafos e incisos tan amplio, confuso incoherente que termina siendo un caldo de cultivo para el desgreño administrativo, la corrupción, la impunidad, la morosidad judicial y la burla a la supremacía de los principios fundantes de la ley y la Constitución.

Por lo mismo todo esfuerzo que se haga en pos de reducir el pesado volumen normativo en Colombia es prioritario. En el anterior gobierno se ponderó el trabajo que se hizo para estudiar, derogar, compilar e integrar más de 10.000 decretos en apenas 21 de unificación.

Se indicó, entonces, que hecho ese proceso vendría un esfuerzo de depuración normativa aun mayor, por estar referido a sacar de circulación una gran cantidad de leyes obsoletas e inútiles. La iniciativa se llevó al Parlamento saliente de entonces y fue el nuevo el que días atrás, al finalizar la primera legislatura, terminó aprobándolo.

El proyecto, que ya pasó a sanción presidencial, ordena la derogatoria y la declaratoria de pérdida de vigencia de 10.667 normas por ser obsoletas y contrarias al régimen constitucional. Se trata de leyes y decretos con fuerza de ley que ya no tenían aplicabilidad alguna.

La racionalización del sistema normativo ayuda a dar una mayor seguridad jurídica, hace más eficiente y transparente el accionar estatal y permite que los particulares tengan una relación con las autoridades mucho más ágil y funcional.

Lo importante, en todo caso, es que estos esfuerzos de depuración normativa vayan acompañados del compromiso del Congreso y el gobierno de turnos de no caer de nuevo en la inflación legislativa ni la decretitis.

No hay que olvidar que dentro de los programas de adecuación para que Colombia ingresara como miembro de pleno derecho a la OCDE, uno de los requerimientos era, precisamente, la cualificación del compendio normativo que fija las reglas del juego para muchas de las políticas públicas que deben llevar a que nuestro país adopte de manera efectiva los sistemas de buen gobierno, que son columna vertebral de ese club exclusivo de naciones.

De igual manera no puede negarse que la corrupción, sobre todo aquella que se tramita y concreta a través de las zonas grises de muchas leyes y decretos, necesita para seguir cooptando lo público que la legislación vigente sea lo más confusa y contradictoria que se pueda.

Además de lo anterior no hay que olvidar que en varias sentencias sobre diversas temáticas las altas cortes judiciales han advertido que la inflación normativa termina siendo un flagelo que contribuyera a la violación permanente de los derechos y garantías más fundamentales que reconoce la carta política a todos los colombianos. Dichas alertas de los máximos tribunales se han dado, particularmente, en asuntos relacionados con la salud, la educación, la legislación penal y otros tópicos en donde el mar de incisos y parágrafos generan una torre de babel ante la cual es imposible que el Estado pueda cumplir de manera eficiente su rol institucional.

Años atrás se recuerda que en el Congreso se alcanzó a proponer que durante el lapso de un año no se tramitaran ni aprobaran nuevas leyes ni actos legislativos, y que en ese mismo tiempo el Parlamento se dedicara a adelantar una revisión pormenorizada de todo el conjunto normativo vigente en el país y determinara cuanto de este continuaba siendo útil y eficaz, y que otra parte ya no tenía aplicación alguna y, por lo tanto, debía ser derogado inmediatamente. Obviamente una propuesta tan drástica no tuvo eco en el Legislativo y lo que acaba a de ocurrir con la aprobación del proyecto que deroga más de 10.000 leyes y decretos obsoletos comprueba que sí es posible adelgazar la legislación en Colombia. Sin embargo, como se dijo, este ejercicio resultará productivo y trascendental en la medida en que tanto desde los congresos y gobiernos de turno se entienda que muchas de las problemáticas y asuntos a resolver se pueden solucionar con el conjunto normativo actual y no hay necesidad de estar ‘disparándole’ una nueva norma.